 El alcalde de Telde , Francisco Valido (c, abajo) y los concejales Carmelo Oliva (i, arriba), Domingo Ramírez (c, arriba), Sonsoles Martín (d, arriba), Carmen Castellano ( i, abajo) y José Suárez (d, abajo) todos concejales del PP detenidos e imputados en el "caso Faycán", |
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El ex alcalde de Telde Francisco Santiago (CC-NC) y el resto de los imputados en el "caso del Recaudador" han negado hoy los hechos por los que se les acusa de prevaricación y malversación de fondos, entre otros delitos, en un juicio que ha comenzado tras 23 años desde la apertura de la causa.
El inicio del juicio en la Audiencia Provincial de Las Palmas estuvo a punto de volver a ser pospuesto, como ocurrió a mediados de septiembre, porque la acusación particular presentó nuevas pruebas que en esta ocasión no fueron admitidas por la sala.
Asimismo, la defensa consideró que se han vulnerado derechos por la dilatación del proceso ejercida por la acusación y solicitó que se declaren prescritos los delitos.
Esta petición, a juicio del letrado defensor y ex Fiscal General del Estado Eligio Hernández, está "totalmente fundada", aunque no la solicitó para su defendido (Jorge Lang-Lentón) porque después de tanto tiempo, y por una "cuestión de dignidad", es preferible que los acusados sean declarados inocentes a que se certifique que los delitos han prescrito.
La presidenta de la sala afirmó que procedería suspender el juicio hasta valorar estas cuestiones previas, pero afirmó que el deseo del tribunal es celebrar el juicio, por lo que abrió la vista y explicó que dichos pronunciamientos se emitirán junto a la sentencia final y antes de entrar en el fondo de la cuestión. De este modo pudo dar comienzo la vista oral de una causa que se inició en 1983 cuando el entonces recaudador Prudencio Falcón denunció al alcalde, así como a diversidad de cargos públicos y funcionarios -varios de ellos fallecidos-, de cometer diversos delitos.
El ex recaudador acusó a la corporación, con Santiago como máximo responsable, de interferir en su labor recaudatoria, de falsificar documentos, de ordenarle paralizarlos en época electoral y de comprar terrenos que ya eran del ayuntamiento, entre otros hechos que conforman "una madeja", explicó.
Francisco Santiago, por su parte, manifestó antes de la vista que el ex recaudador consideró excesiva la actualización de la fianza que la corporación le puso para renovarle el contrato y que no cumplía con las condiciones de dicho acuerdo, por lo que se procedió a rescindir el vínculo con Falcón, lo que motivó que éste iniciara el procedimiento judicial.
Santiago afirma que la justicia avaló dicha rescisión y que el recaudador retuvo los valores en su poder hasta que le fueron requeridos por vía judicial, aunque entregó siete millones de pesetas menos, lo que supone una causa administrativa pendiente en el Tribunal Supremo, que debe esperar a la resolución de la querella criminal abierta.
Según el acusador, los documentos y valores se le requirieron "por la fuerza" porque había escritos que perjudicaban al entonces alcalde. A juicio de Eligio Hernández, este procedimiento "no tiene precedentes en la historia judicial", por su dilatación y porque, a pesar de que el fiscal no vio indicio de delitos, el juicio prosigue impulsado por la acusación particular.
Los acusados José Manuel Prado, Ventura José Macías, Jorge Lang-Lentón, Mercedes Romani y José Rodas negaron las acusaciones y haber falseado documentos. El ex alcalde, por su parte, tras negar los hechos ante la sala, declinó contestar las preguntas de la acusación y su testificación quedó aplazada hasta mañana a las diez de la mañana.
