La Sindicatura de Cuentas del Principado ha emprendido, tras el paréntesis de las vacaciones estivales, un apretado programa de trabajo que podría llevarle a presentar en la Junta General hasta fin de año una media docena de informes de fiscalizaciones. Empezará, en las próximas semanas, según ha podido saber este periódico, por el de las cuentas del Ente Público de Comunicación (del que depende la RTPA), que tiene prácticamente concluido, y el del Instituto de Desarrollo Económico del Principado (IDEPA), cuyo texto definitivo debatirá el Consejo de la Sindicatura previsiblemente en su próxima reunión, el próximo mes de octubre.
El Parlamento asturiano debe retomar, además, tras el inicio oficioso del curso político que supondrá la semana que viene el debate sobre el estado de la región, el estudio de un informe que en el anterior periodo de sesiones fue objeto de una agria polémica, el de la fiscalización de las entidades públicas del Principado que no forman parte de la cuenta general de la Administración. El síndico mayor, Avelino Viejo, se enfrentó con sus compañeros de institución, Mercedes Fernández y Antonio Arias, quienes defendían que el órgano fiscalizador es competente para revisar las cuentas de ciertas entidades en las que la participación de la comunidad autónoma no es mayoritaria.
El debate se reprodujo con la sociedad mixta de gestión del suelo Sogepsa, y el Gobierno regional y el principal partido que lo sustenta, el PSOE, llegaron a dar versiones contradictorias sobre esta competencia, aunque al final se aceptó el criterio de dejar que la Sindicatura realizase la labor que estimaba conveniente.
Entre las nuevas auditorías que conocerán en las próximas semanas los grupos parlamentarios, una parece especialmente propicia para generar enfrentamiento político, ya que el IDEPA y su gestión vienen siendo en los últimos años caballo de batalla habitual de la oposición del Partido Popular. Todavía el pasado mes de junio denunció en una comisión parlamentaria el «claro abuso de las contrataciones» realizadas a empresas vinculadas al PSOE. Los populares, por tanto, están a la espera de cualquier irregularidad que detecte la Sindicatura para volver a arremeter contra el instituto que dirige Víctor González Marroquín.
Los informes del Ente Público de Comunicación y del IDEPA correspondían al programa anual del órgano fiscalizador de 2008, pero quedaron pendientes y han pasado al de este año, como también el referido al patrimonio municipal de suelo, otro de los que ya están bastante avanzados. También lo están el informe sobre el sector local referido a 2006 (este año habría tocado ya el de 2007), aunque en este caso se trata del provisional, previo a la fase de alegaciones, y uno que ya corresponde a este ejercicio, el de la fiscalización sobre la contratación de la Dirección General de Carreteras.
Retraso
La Sindicatura espera recuperar parte de este retraso que acumula en su tarea con la provisión de quince nuevas plazas para el cuerpo de auditores, cuyas pruebas se inician el próximo día 5. Se da la circunstancia, además, de que de la preparación de las pruebas se ocupó el personal de la institución que desarrolla los trabajos de auditoría ordinarios, lo que impidió una mayor celeridad en los mismos. En el último trimestre, pese a todo, el órgano fiscalizador intentará sacar adelante algunas otras de las previsiones del vigente programa anual, como el informe sobre Cadasa y, quizá, los de Sogepsa y el Ayuntamiento de Pravia.
Asimismo, están iniciados los trabajos de los informes sobre el gasto farmacéutico de la comunidad autónoma, sobre la Sociedad Regional de Promoción y sobre el endeudamiento y contratación de los ayuntamientos de Oviedo, Gijón, Avilés, Llanes y Cangas del Narcea, que completan la relación de informes no obligatorios que se han incluido este año en la programación. De los obligatorios -los que deben realizarse todos los años- ya se presentó el de la cuenta general del Principado y el polémico documento sobre las entidades que no forman parte de la misma.
