En la misma comparecencia parlamentaria, Fernando González Laxe abundó en los pormenores sobre la concesión del crédito de 215 millones, que Puertos del Estado devolverá a la entidad prestataria, previsiblemente el Instituto de Crédito Oficial (ICO), en seis anualidades: cinco de 34 millones y la última de 35, «más una ayuda de 10 millones de euros».
Las palabras del presidente de Puertos del Estado dan a entender que esos 10 millones serían a fondo perdido. Sin embargo, parece ser que no hay tal, al parecer porque las donaciones no están previstas en la normativa sobre financiación portuaria.
Esos 10 millones no figuran en el programa de devolución de crédito establecido por Puertos del Estado porque el organismo que preside Fernando González Laxe ya dispone de ellos y podrá prestárselos a El Musel este mismo año, cosa que favorece el pago de las certificaciones de obra anteriores a 2010, año en el que está previsto concretar el resto del crédito.
Una incógnita no despejada es si el plan de normalización financiera durará los 37 años que tardará el puerto en zanjar su préstamo, cosa relevante, porque en ese tiempo los niveles de autonomía portuaria pueden variar mucho y Gijón tendría que mantener hipotecadas, nunca mejor dicho, sus decisiones económicas.
