El Partido Popular de Gijón estudia emprender acciones legales contra José Miguel Bernardo Rodríguez, el gijonés que dice haber encontrado en un contenedor de escombro un archivador con documentos de Francisco Álvarez-Cascos. Un hallazgo que motivó que el ex ministro de Fomento denunciara a la junta local gijonesa ante la Agencia Española de Protección de Datos y el Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP. El PP de Gijón consideran que el testimonio de Bernardo es «falso» y «contradictorio», y advierte de que detrás de su comportamiento puede estar su afiliación política. Por su parte, Álvarez-Cascos no ha dudado en salir en defensa del ciudadano que presuntamente encontró los papeles y asegura que la actitud de la dirección del PP gijonés «es una prueba más de la indignidad de la señora Fernández Pardo».
La actual dirección de la junta local de Gijón asegura que Bernardo no es un «ciudadano anónimo» y vincula su actuación a su militancia en Izquierda Republicana. Formación de la que es, según señala el PP en un comunicado, secretario general y en cuyas listas se presentó en las últimas elecciones municipales de 2007. Recuerda, además, que también fue candidato por la circunscripción central a la Junta, así como en los comicios generales de 2008.
El PP de Gijón afirma que la identidad de este hombre se ocultó inicialmente y que su nombre sólo se ha dado a conocer seis meses después del presunto hallazgo. Advierten desde la dirección local que Bernardo, tanto como responsable de la formación como en su condición de candidato, participó en manifestaciones y realizó escritos en defensa de los planteamientos ideológicos de Izquierda Republicana. Entre las iniciativas que impulsó desde su cargo político, el PP gijonés señala que Bernardo solicitó que se eliminasen del listado de sedes electorales los colegios religiosos y defendió que se derogara el acuerdo entre España y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales, al igual que las leyes educativas que regulan la enseñanza de religión y su profesorado.
«El extremismo de los postulados de esta organización política en el conjunto de España y, obviamente, de sus máximos responsables está claramente enfrentado al ideario del PP», argumentan, al tiempo que reiteran que el carácter «radical» de estos planteamientos es «público y notorio».
El testimonio utilizado por Álvarez-Cascos para articular su denuncia no viene, según el PP gijonés, de un ciudadano anónimo «como se quiso hacer creer». Al contrario, según los responsables de la junta local, se trata de una persona que asume la condición de cargo político de máximo nivel en su organización y candidato en distintos procesos electorales.
Así están expuestos los argumentos que esgrime el PP de Gijón en la nota hecha pública ayer, después de conocer la iniciativa de Cascos de elevar ante el Comité Nacional de Derechos y Garantías popular su denuncia y pedir una sanción para Fernández Pardo, ante la posibilidad de haber cometido una infracción grave. La dirección del PP local asegura de forma tajante que el relato de Bernardo, una de las principales pruebas que presenta el ex ministro para justificar los hechos que denuncia, no es cierto. «Es categóricamente falso, además de irreal, insostenible y contiene elementos contradictorios».
En opinión de los responsables de la junta local de Gijón, José Miguel Bernardo Rodríguez, ha realizado imputaciones al partido, que están siendo estudiadas por sus servicios jurídicos, una vez conocida su identidad, para «emprender las acciones que considere oportunas en la defensa del PP gijonés y sus responsables».
El envite lanzado por la junta local gijonesa ha tenido rápida replica del ex ministro de Fomento. Francisco Álvarez-Cascos dice que este comunicado «sólo tiene el fin de intimidar a un ciudadano honesto al que no conozco personalmente». En su opinión, la intimidación que se intenta obtener con la nota del PP gijonés «confirma algo a lo que yo hace mucho tiempo califiqué como la indignidad de la señora Fernández Pardo».
«Ahora -afirma el ex ministro de Fomento-, añade la cobardía moral de tratar de intimidar a un ciudadano que no ha denunciado nada y que se ha limitado a devolver los archivadores a su legítimo dueño». Álvarez-Cascos reta al PP gijonés a que emprenda acciones contra él, «ya que soy la persona que presentó las denuncias ante la Agencia de Protección de Datos y el Comité Nacional de Garantías del PP».
«Cierta sonrisa» de Areces
El presidente del Principado, Vicente Alvarez Areces, ofreció ayer su punto de vista sobre la denuncia de Cascos contra el PP de Gijón. Reconoce que esta actuación le causa «una cierta sonrisa» y recordó que con el ex ministro de Fomento «tuvo numerosos conflictos a lo largo de su vida política». «Hoy afortunadamente sus iras las pagan más sus antiguos colaboradores y la gente de su propio partido», señaló Areces, que ironizó con los motivos de la denuncia: «Debe de ser que el Partido Popular considera que sus archivos no valen mucho».
