El Juzgado de Instrucción número 1 de Llanes ha admitido a trámite la querella presentada por el PP local contra la alcaldesa, Dolores Álvarez Campillo, y el funcionario Gregorio García Arranz por un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos. El grupo de la oposición del Ayuntamiento de Llanes que preside Fidel Sánchez denunció a principios de este año que el grupo socialista municipal había utilizado «fondos públicos para financiar parte de su campaña electoral en las elecciones municipales de mayo del año 2007». Pese a que la documentación llegó al poder de los conservadores en enero de este año, lo cierto es que desde el grupo popular llevaban meses trabajando en investigar cuál había sido la financiación real de la campaña para los último comicios que dieron la victoria al PSOE local. Según explicó en su momento Fidel Sánchez, la información recogida fue el resultado de meses de trabajo en donde los socialistas «nos negaron la posibilidad de acceder a las facturas, y sólo las conseguimos en enero de 2009, tras presentar en Oviedo un contencioso administrativo para que nos las dejasen ver».
Una vez analizados los documentos, los conservadores calificaron su conjunto como una trama «grotesca, muy desagradable, irregular y delictiva». Según explicó el mandatario popular, la alcaldesa, a día 21 de agosto de 2008, aprobó mediante una resolución la subvención que le correspondía al grupo municipal del PSOE en el año 2007, por un importe de 5.400 euros. Cierto que es que lo hizo con informe favorable del interventor.
Pero tras analizar las facturas que el grupo socialista había presentado para justificar esa subvención, el PP comprobó que esos gastos habían sido destinados a «financiar de forma ilegal la campaña electoral del PSOE para las elecciones». Dichas facturas, trece en total, corresponden a pagos que el PP cree que «no se corresponden precisamente con los gastos del grupo municipal, sino del partido». Entre las facturas se encontraban «copias DVD campaña electoral 2007 Dolores Álvarez Campillo» para un vídeo que costó, una vez editado, 1.673 euros. Y había gastos por 1.576 euros para la puesta en marcha de una página web del PSOE, así como facturas del pago de propaganda electoral en medios de comunicación o la simple compra de material en dos ferreterías del concejo, como brochas, rodillos y cola para pegar papel.
El PSOE respondió al día siguiente mostrando facturas similares que había cobrado o intentado cobrar el PP, y defendió la legalidad de los gastos efectuados por el grupo municipal.
