E N 1953, mi abuelo paterno Fernando -legítimo fundador de ALSA, junto a otros cuatro luarqueses, Vicente Trelles, Antón Vega, Máximo Rodríguez y Paco Gamoneda- abrió mi primera libreta de ahorros en la joven Caja de Ahorros de Asturias, creada por fusión de las antiguas de Oviedo y de Gijón. Conservo aún aquella libreta, actualizada con el tiempo, independientemente de los avatares de mi domicilio y de los vaivenes de mis saldos, porque la considero una seña personal de identidad, igual que les ocurre a otros muchos miles de asturianos que componemos un cuerpo de impositores caracterizado, ante todo, por el afecto a una institución entrañable.
Felizmente, Cajastur ha sido en los últimos tiempos un buen ejemplo de gestión responsable frente a la cadena de imprudencias y excesos que han provocado la burbuja financiera, primero, y la descomunal crisis económica, después, que han hecho tambalearse dentro y fuera de España a ciertas instituciones, como ha ocurrido desgraciadamente con CCM (Caja de Castilla-La Mancha), sin que el Banco de España, una vez más, acertara a prevenir y a evitar su insolvencia, antes de llegar a la intervención.
Estoy seguro de que, como los impositores asturianos, hay también muchos miles de ciudadanos de Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Albacete que consideran su CCM, nacida de la fusión de las antiguas cuatro cajas de ahorro provinciales, un símbolo de su tierra, que profesan un gran afecto a su propia entidad de ahorro y que desearían que las autoridades responsables dibujaran una solución más respetuosa para su futuro, sin necesidad de perder las señas de identidad de CCM.
Por eso, poniéndome en su lugar sin gran esfuerzo, tengo la certeza de que no van a asimilar que, al castigo de haber padecido unos malos gestores, el Banco de España les imponga la penitencia de verse expropiados por la fuerza de una institución genuinamente autóctona, con una vocación y una función territoriales tan indeclinables, invocando una ortodoxia mercantil de aplicación para las sociedades anónimas privadas -los bancos- pero de más que dudosa validez para instituciones de carácter fundacional y sin ánimo de lucro como son las cajas de ahorro.
No pongo en cuestión la cobertura y el control de las ayudas que el Fondo de Garantía de Depósitos haya establecido como mecanismo de seguridad del sistema financiero en situaciones de crisis. Comparto la conveniencia de los procesos consensuados de fusión de cajas de ahorro. Pero discuto la legitimidad del Banco de España para expropiar por la fuerza a un territorio su o sus cajas de ahorro, cuando hay otras vías para corregir los excesos y exigir responsabilidades de una mala gestión al frente de las mismas. Y discrepo de la posibilidad de privar por la fuerza a las instituciones provinciales y regionales de una comunidad autónoma del control de un insustituible instrumento de ahorro, creación de riqueza y acción social y cultural, que, además, no reparte dividendos. Como también desconfío del resultado de imponer por la fuerza un mapa improvisado de cajas de ahorro, sin haber intentado siquiera elaborar un nuevo y meditado modelo de aplicación general, simétrica y ponderada. Mientras sigan siendo instituciones de carácter fundacional sin ánimo de lucro, su gestión recae en los representantes de los legítimos derechos fundacionales, por mucho que moleste a algunos que los titulares de estos derechos sean corporaciones locales o parlamentos regionales, es decir, políticos.
A partir de las consideraciones anteriores, me pregunto quién ha metido a Cajastur en el avispero de CCM. Es bueno recordar algunos antecedentes. El negocio es tan oscuro que su vecina y creciente Unicaja rechazó en su día la operación. La Caixa, potente y solvente, descartó también la operación porque, dice, sus objetivos están en el exterior. Igual que han decidido estas dos grandes cajas, ¿no hay mejor destino para los recursos de Cajastur que dedicarlos a sanear agujeros ajenos? Repito la pregunta de otra manera: ¿la propuesta de pujar por CCM es una ocurrencia de la dirección de Cajastur, es un favor a un colega de Gobierno autonómico o es una imposición del Banco de España? Pensar que desde la plaza de la Escandalera se va a gestionar de manera estable la nueva red de oficinas de Castilla-La Mancha, y que desde el Principado se va a administrar el ahorro de Toledo, Cuenca, Albacete y Ciudad Real, en virtud de una imposición y no de un pacto, es una utopía impropia de la prudencia de unos veteranos expertos financieros.
Porque es incuestionable que Cajastur opta a un dudoso negocio, a cambio de implicarse en problema político seguro. Es fácil predecir que el próximo Parlamento y el próximo Gobierno autonómico que salgan de las elecciones de 2011 en Castilla-La Mancha, sean del signo que sean, libres y limpios de la contaminación que la crisis de CCM ha esparcido entre los actuales, y que hoy los tiene maniatados, se van a plantear inmediatamente la recuperación de la titularidad y del control de su caja de ahorros. Con mayor motivo si cambia el color de la mayoría parlamentaria gobernante, cosa bastante probable. Es más. Creo que la propuesta irá en los programas electorales de todos los partidos que aspiren a gobernar en Castilla-La Mancha. Cuando llegue ese momento, ¿recuperará Cajastur la inversión realizada en el salvamento de CCM? ¿Con intereses o sin intereses?
Sorprendentemente, el silencio ahoga de nuevo el debate sobre un tema capital para el futuro del Principado de Asturias. En la bucólica Junta General del Principado nadie informa ni nadie pregunta. Parece como si la gestión profesional de Cajastur no fuera y, además, debiera ser compatible con la imprescindible orientación de la entidad fundadora, o con el más que necesario control previo, no sólo posterior, de su asamblea general. Asturias se parece cada vez más al país de las maravillas de Alicia, pero al revés.
Cajastur lideró hace años el mayor proyecto de interés regional que recuerdo: la participación en Hidrocantábrico. Su decisión de mantenerse como accionista de referencia de la gran empresa eléctrica permitió la mejor solución para la defensa de los intereses de Asturias. En cambio, poco tiempo después, nuestros vecinos gallegos no acertaron a materializar una iniciativa semejante con Unión Fenosa, y nunca lo lamentarán más amargamente. Es un buen ejemplo de las cosas bien hechas y las mal hechas. Hidrocantábrico sigue siendo la mejor referencia de donde está el norte de Cajastur, en la brújula de los intereses económicos que tiene el sagrado deber de defender una caja de ahorros, cohonestando la ortodoxia financiera con el interés regional. La compra de CCM es el ejemplo contrario, cuyas responsabilidades se extienden a una lista encabezada por los miembros de su Consejo de Administración, y que continúa por los que, con su silencio, consientan tácitamente la peligrosa aventura.
Como veterano impositor, creo que el norte de Cajastur no está en las operaciones de salvamento. E intuyo que los fundadores y los impositores de CCM prefieren que su caja de ahorros se quede en casa. Desde estas consideraciones, una retirada a tiempo es una victoria. En este caso, para todos.
