Se acabó. Tras un mes de persuasión, UGT y ANPE aceptan dar hoy su firma de apoyo al proyecto de 'Ley de Evaluación docente e incentivos ligados a la misma'.
El gesto tendrá una repercusión directa sobre 8.000 profesores que llevan desde 2007 recibiendo un plus de hasta 216 euros como recompensa por su adhesión a la carrera profesional. El sistema carecía de base legal, según sentenció el pasado junio el Tribunal Superior de Justicia en una decisión que, de ser ratificada por el Supremo, podría obligar a los maestros y a otros 6.000 trabajadores a devolver a las arcas públicas los 62,2 millones percibidos hasta la fecha como complementos salariales.
Para evitar esa situación, el Principado diseñó este verano dos proyectos de ley y un acuerdo laboral que blindarían los pagos a ojos de los jueces. Con esos borradores llamó a los sindicatos para reclamarles su aval en la Mesa General de Función Pública (de la que dependen los 6.000 funcionarios y trabajadores no docentes) y la Sectorial de Educación (que incumbe a los 8.000 maestros citados).
En el primer foro, UGT y CC OO firmaron el martes. Quedaba por consensuar los términos de la norma que debía proteger a los maestros, y con ese objetivo se reunió ayer la Mesa Sectorial. En ella Suatea y la propia CC OO rechazaron la oferta del Principado. Ambas centrales exigen que los pluses se paguen con retroactividad de 2007 a aquellos profesores que no firmaron «un sistema declarado ilegal y que está creando una injusticia al permitir que dos compañeros del mismo colegio tengan salarios desiguales», indican en la Federación de Enseñanza de CC OO.
ANPE y UGT en cambio refrendarán hoy un acuerdo que solivianta a sus compañeros de mesa. «Es que Suatea y CC OO tenemos el 51% de la representación en la parte social y, según el reglamento, sin nosotros no hay acuerdo de mesa sectorial», indica Beatriz Quirós, de Suatea. Desde CC OO sin embargo admiten que el Principado tiene «la responsabilidad de legislar, y para ello no necesita a los sindicatos».
Presión para el PP
Por tanto, el acuerdo que se prevé firmar hoy cerrará la etapa de negociación con los sindicatos y trasladará la responsabilidad al PP. La intención del Gobierno ahora es lograr que la Junta General debata los proyectos de ley de manera urgente y de forma paralela a los presupuestos. Así las normas estarían en vigor en enero de 2010. El procedimiento es extraordinario y requiere el voto a favor del Grupo Popular.
