Es evidente que con la crisis financiera, con la conversión de muchas cajas de ahorros en bancos públicos al servicio de los intereses políticos de las comunidades autónomas, con los disparates cometidos por demasiadas de ellas, sobre todo en relación con operaciones inmobiliarias, el modelo de cajas derivado de las disposiciones de 1977 ha periclitado. Por ello, es lamentable que no se haya solicitado por el Gobierno de algún experto o grupo de expertos independientes, un dictamen que fuese más allá del famoso informe Revel sobre el futuro posible de las cajas. He aquí que una de ellas es Caja Castilla-La Mancha que parece haber batido todas las marcas posibles para no tener que ser intervenida primero, y refundida, liquidada o reorganizada después. Hora es de que todo se aclare porque las cajas suponen la mitad del sistema crediticio y tienen que ser reorganizadas de arriba a abajo.
Confieso, por eso, que cuando me enteré de que una de las pocas inmunes a estos problemas, Cajastur, pretendía absorber a Caja Castilla-La Mancha me preocupé. Pero da la impresión de que una vez más puede haber acertado, al buscar el papel de intermediario del Banco Liberta, acción realmente ingeniosa. El guardar las distancias en este sentido ha sido realmente una decisión habilísima. He dado vueltas críticas posibles a esta operación, y con todos los datos disponibles hasta ahora, he llegado a la conclusión de que, como ocurrió con otras operaciones financieras previas -Hidrocantabrico y su vinculación con EDP, con Naturgas, con Telecable, con Capsa y con alguna otra inversión más-, Manuel Menéndez da la impresión de haber acertado una vez más.
Juan Velarde es economista y
Premio Príncipe de Asturias
de Ciencias Sociales
