Ni el Ayuntamiento de Ribadesella ni las asociaciones de vecinos de Cuerres y Llames de Pría piensan personarse en el juicio abierto por el Juzgado de Instrucción de Cangas de Onís contra las presuntas ilegalidades llevadas a cabo por la empresa Pumaradas Guadamía en la zona de especial protección costera situada en la desembocadura del río homónimo. «Yo creo que no es necesario aunque lo hemos consultado con nuestros servicios jurídicos», dijo el concejal Francisco Vázquez. Por su parte, el presidente de la asociación de vecinos de Llames de Pría, César Alonso, prefiere esperar hasta conocer más detalles de las diligencias iniciadas en el juzgado.
Este último manifestó su satisfacción con que el caso Guadamía haya llegado a los tribunales de justicia después de tantos años. Las primeras denuncias se realizaron hace una década. Tanto la Consejería de Medio Ambiente del Principado como el Ayuntamiento de Ribadesella abrieron este año sendos expedientes. La primera por un presunto delito contra la ordenación del territorio y la segunda, un expediente de disciplina urbanística por ejecutar obras sin licencia. Las dos han suspendido esos expedientes a la espera de lo que determine el juzgado.
Los hechos ahora investigados están relacionados con el cierre de varias fincas y la destrucción de afloramientos rocosos kársticos localizados en el paraje riosellano de Castru Arenes, junto al arenal. Unas actuaciones que, además de interrumpir la histórica servidumbre de paso a la playa, invaden competencias de otras administraciones, ya que se ejecutaron en zona de especial protección costera. Llegaron a construirse unas escaleras con plataforma para utilizar como embarcadero en la misma orilla y se penetró en las competencias de la CHC al ejecutar excavaciones y crear nuevos caminos en el mismo río, junto al molino y puente de Toskila.
