2010 será, en términos económicos, un año-puente para los ayuntamientos. Dispondrán de un fondo de inversión, más capacidad de endeudamiento, recursos extras para los concejos más pequeños... Toda una batería de medidas para sortear un ejercicio tremendamente complicado, cuando se prevé que la crisis golpee con más fuerza. Pero los ojos de todos, de los alcaldes y del Gobierno central, están puestos un poco más lejos, en 2011. Será entonces cuando debe entrar en vigor el nuevo modelo de financiación local, llamado a solucionar todas las penurias municipales, agravadas ahora por la caída de ingresos asociada a la acusada recesión. Y, en ese renovado sistema, el Ejecutivo aspira a contar con la colaboración de las autonomías. Su objetivo es que estas, haciendo caso a lo previsto en la Constitución, permitan a los ayuntamientos beneficiarse de sus ingresos tributarios, ayudando así a paliar esa asfixia financiera. Una idea de las que muchas regiones, caso de Asturias, recelan abiertamente, cuando no expresan una oposición frontal.
El argumento en sí no es nuevo. Tal y como ha señalado el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, en una reciente comparecencia en el Senado, se trata de un instrumento «expresamente previsto» en la Constitución española, si bien su aplicación «permanece inédita hasta la fecha». Al Estado le gustaría que las comunidades echasen una mano en este asunto. No en vano agradece que, de forma puntual, algunas regiones hayan recogido este planteamiento en las reformas de sus estatutos de autonomía.
El borrador del nuevo Estatuto asturiano también incluía esta posibilidad, aunque el enfrentamiento abierto entre PSOE y PP bloqueó la reforma y la pospuso indefinidamente, para desesperación de los alcaldes. En todo caso, el Principado siempre ha insistido en que la idea no le satisface. Compartir los tributos autonómicos con los municipios «no es realista», llegó a decir el presidente, Vicente Álvarez Areces. El argumento del Gobierno asturiano ha sido siempre claro: sus ingresos no dan para tanto y la financiación local es un asunto a solventar en el ámbito estatal.
«Entre todos»
Chaves quiere ahora impulsar la cooperación autonómica en la solución a la financiación local. Los ayuntamientos esperan el nuevo modelo como agua de mayo, aunque son conscientes de que hasta enero de 2011 no entrará en vigor. El año que viene será clave para negociar la reforma y el ministro se apresura a pedir la colaboración de todas las formaciones políticas para que el consenso se consiga lo antes posible. «Hemos de resolver este asunto entre todos», afirma.
«Soy consciente de que la situación de los ayuntamientos está lejos de ser satisfactoria», admite el titular de Política Territorial, que se marca como objetivo prioritario definir con claridad las competencias que corresponden a los ayuntamientos, asignando luego a cada una los recursos pertinentes.
Esa definición se hará a través de la nueva Ley del Gobierno Local, que, en un escenario social marcado por las sospechas de corrupción, quiere profundizar en los conceptos de «transparencia y calidad democrática». Para ello recogerá algunas iniciativas concretas, caso de la regulación expresa del régimen de incompatibilidades para el acceso a un cargo público o el refuerzo del papel de los grupos políticos minoritarios en el control de la gestión municipal.
Chaves también pretende incorporar medidas que pongan coto a los episodios de transfuguismo que se han repetido en los últimos años en Asturias y en otros puntos de España.
