Aún queda el trámite parlamentario. Ésa es la esperanza de los profesores y sindicatos críticos con el acuerdo que propició la aprobación ayer de la Ley de Evaluación de la Función Docente y sus Incentivos. Ayer mismo, CSIF, CC OO y SUATEA protagonizaron una concentración ante la Junta General del Principado, institución en la que tienen puestas ahora todas sus esperanzas. «Falta el refrendo de los partidos políticos y esperamos que no aprueben una norma hecha exclusivamente para intentar burlar las sentencias judiciales», afirma la portavoz de SUATEA.
Beatriz Quirós, quien resaltó la ronda de entrevistas que están manteniendo con los partidos políticos con representación parlamentaria, volvió a criticar el sistema de evaluación docente, «porque en la LOE se vincula de ninguna de las maneras la evaluación docente con la recepción de incentivos. Se habla de las dos cosas, pero no se vincula una a la otra», señala Quirós, quien ve en la nueva ley «una forma de perpetrar la discriminación» con el resto de las comunidades autónomas.
Postura completamente opuesta la que mantiene FETE-UGT, que, a través de su secretario general, Daniel Rodríguez, afirma que es «una ley necesaria y muy importante para que los docentes nos tranquilicemos», tranquilidad que concentra en la garantía de no tener que devolver el dinero cobrado desde 2007 y en «la evaluación voluntaria y negociada» del profesorado.
Pero Daniel Rodríguez mantiene que, más que una evaluación, es una acreditación. «Ahora el profesorado ya sabe qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer por el bien y la calidad de la enseñanza. Hasta ahora se hacían cosas sin que fueran reconocidas, ya que la docencia es muy vocacional».
