El presidente de la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC), Serafín Abilio Martínez, dio por hecho ayer que habrá «algo de retraso» en algunas operaciones residenciales de Gijón a raíz de la veintena de sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que anulan el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Además de las demoras en la puesta en marcha de los proyectos, Abilio pronosticó otro efecto colateral derivado de la judicialización de la normativa urbanística gijonesa: el agravamiento del problema financiero que padecen los constructores por la desconfianza de las entidades bancarias en el sector.
En su opinión, las sentencias anulatorias «van a perjudicar a los ciudadanos de Gijón y a los constructores que trabajan en la ciudad», debido a la «ralentización de algunas obras». Abilio se cuidó de no mencionar ninguna actuación en concreto, pero dejó claro que se trata de las grandes bolsas de suelo vinculadas al desarrollo del plan Teixidor y localizadas en Castiello, Granda, Cabueñes, Porceyo y Somió. A esta dificultad sumó la posición de «prudencia» de la banca. «Si ya en situaciones normales se comporta con tranquilidad a la hora de valorar la concesión de un crédito, cuánto más si hay un proceso judicial abierto», expuso, señalando que «todo lo que esté inmerso en un proceso judicial a la banca le genera inquietud».
El presidente de la patronal de los promotores participó ayer en el recinto ferial Luis Adaro en el I Congreso Nacional del Hogar Digital. Allí expresó su confianza en que los recursos contra la nulidad del PGOU sean estimados por el Tribunal Supremo. Además, hizo hincapié en que la naturaleza del Plan General, una vez revisado por el Ayuntamiento, no va a cambiar. «Los fallos judiciales vienen motivados por un trámite que se entendió que debería haberse hecho de otra manera», afirmó. Dicho esto, mostró su esperanza y la del sector al que representa en que los recursos municipales tengan «eficacia» y se pueda seguir adelante con todos los proyectos privados que llevan aparejadas grandes inversiones.
Según las fuentes jurídicas consultadas, el primer recurso de casación contra la primera sentencia anulatoria del PGOU gijonés del pasado 15 de julio, para el que el Ayuntamiento ha contratado al jurista Luciano Parejo, puede tardar en resolverse un mínimo de tres años.
