La mujer de Horacio Costales, el que fuera administrador de Hoyant, declaró ayer ante el juez que instruye el caso Blanco que ella firmó en la notaría la reventa de la finca de Cabueñes al ex arquitecto municipal, en el año 2004, sin preguntarle nada sobre la operación mercantil a su marido.
Josefa Díaz, en régimen de bienes gananciales con su esposo, explicó al magistrado Juan Laborda, al fiscal y a los abogados de las partes que se comportó de esa forma porque tenía «plena fe» en los negocios de Horacio, un conocido tratante de suelo que ganó 5,5 millones de euros con las plusvalías derivadas de la recalificación urbanística que permitió a Ovidio Blanco obtener, a su vez, unas ganancias de 600.000 euros.
La esposa de Costales entró y salió de los juzgados de Poniente envuelta en una bufanda y en compañía de su hija Susana, propietaria de la agencia inmobiliaria familiar. Su interrogatorio fue breve. Duró apenas veinte minutos, pero en este tiempo tuvo oportunidad de testificar que ella estaba al margen de las operaciones de su marido, quien padece episodios de crisis de ansiedad desde que se inició la investigación judicial (lo que obligó a interrogarle en su chalé de Somió). «Yo sólo me dedicaba a cuidar de nuestros hijos, cocinar, y ahora me ocupo de los nietos», declaró la mujer.
A la luz de esta última declaración, el abogado defensor de Ovidio Blanco, el penalista Luis Tuero, valoró que la testigo «no estaba enterada de nada». Tuero, quien ha pedido el sobreseimiento de la causa penal por la prescripción de los delitos del único imputado en el caso, opinó, asimismo, que en las diligencias practicadas hasta el momento «no hay absolutamente nada que incrimine» a su cliente.
«No se ha avanzado nada sobre las sospechas que llevaron a la Fiscalía a presentar una denuncia», prosiguió, para calificar a continuación al ex arquitecto jefe del Ayuntamiento de «funcionario honrado que está sufriendo un desprestigio». «Había que buscar una persona y le tocó a él», sentenció.
Sobre la petición de la defensa al juez, las partes ya han alegado y sólo falta por conocer el informe del fiscal, que es clave. Los vecinos de Cabueñes y el PP se opusieron frontalmente al archivo de la causa y el Ayuntamiento, que ejerce la acusación particular, argumentó que aún quedan diligencias por practicar y que hay ciertas modalidades de cohecho que podrían no haber prescrito aún.
Sobre la declaración de la último testigo, la abogada de la Plataforma de Cabueñes, Concepción Trabado, ironizó con que el hecho de que Josefa Sánchez «es de los testigos que sufren amnesia y, además, tiene una confianza inquebrantable en su esposo».
Con la declaración de Josefa Sánchez se cierra de momento la fase testifical a la espera de que el juez instructor estime o no el recurso presentado por las acciones populares -PP y Plataforma de Cabueñes- para que se llame a declarar a la alcaldesa de Gijón y a los dos últimos concejales de Urbanismo, Jesús Morales y Pedro Sanjurjo.
La viuda de Antonio Cueto, el socio fallecido de Hoyant, no tendrá que declarar de nuevo. Según explicaron los letrados de las partes, Piedad Rodríguez únicamente fue requerida por el juez para que aportase documentación bancaria. Una documentación que, al parecer, ya presentó un día distinto al de su citación, cuando no compareció, para aclarar una contradicción entre su testimonio y el de Horacio Costales sobre la forma de pago de la última compraventa (ella dijo que le pagaron en metálico y el administrador de Hoyant testificó que por medio de cheques).
Prueba pericial pendiente
El grueso de la instrucción del caso Blanco está prácticamente completado, aunque aún falta una prueba pericial por aportar solicitada por los vecinos de Cabueñes. Se trata de varios planos municipales a escala de la zona declarada urbanizable en la parroquia gijonesa donde, además de realizar transacciones Ovidio Blanco y la sociedad Hoyant, figura como propietario el Ayuntamiento con la adquisición de 100.000 metros cuadrados.
