IU-Los Verdes de Oviedo recurrirá a la Procuradora General para que exija al Ayuntamiento ovetense la retirada de la nueva Ordenanza Municipal de Convivencia Cívica. Argumenta que vulnera derechos y libertades recogidos en ordenamientos superiores.
El coordinador de IU de Oviedo , Alejandro Suárez, que calificó la norma de «represiva», explicó que acudirá a la procuradora para que «defienda los derechos e intereses ciudadanos frente al Ayuntamiento de Oviedo».
El plazo para que vecinos, asociaciones y entidades presenten alegaciones está abierto -ya lo hicieron los grupos políticos de la oposición, presentaron enmiendas y el PP las rechazó- y, de momento, La Corredoria ha anunciado que recurrirá contra la norma que ideó el alcalde, Gabino de Lorenzo, para terminar, entre otras, cosas con el botellón.
La ordenanza tiene como objetivo principal «preservar los espacios públicos como lugares de convivencia y civismo». Prevé multas de entre 1.500 y 3.000 euros para los menores de edad que consuman bebidas alcohólicas en la calle, y establece sanciones económicas para quienes ejercen la mendicidad. Aunque hay excepciones, quienes canten o realicen una actividad medianamente artística librarán de multa. Sólo la reincidencia conllevará una denuncia y una sanción de entre 10 y 750 euros.
También persigue la prostitución. En principio, el ejercicio de las prostitución se saldará con una falta leve y un apercibimiento y la reincidencia con una sanción de entre 10 y 750 euros, «salvo que sea falta grave». Para incurrir en ella, con multa de 750 a 1.500 euros, bastará con «ofrecer o solicitar» servicios sexuales en cualquier parque, zona habitada o que «sea visible desde ellos».
