José y Ángeles son un matrimonio jubilado del campo con una pensión que apenas suma mil euros. Prácticamente lo que les corresponde pagar por sus fincas a la Agencia Tributaria. Cuando recibieron el primer recibo pensaron que se trataba de un error y pusieron el grito en el cielo, pero pronto comprobaron que a sus vecinos de la pequeña localidad riosellana de Nocéu les había pasado algo similar.
La revisión catastral en la zona rural de municipios como Ribadesella y Piloña ha puesto en una situación más que delicada a muchos propietarios, principalmente ganaderos jubilados con escasos recursos que, tras años de esfuerzo y trabajo para comprar y cuidar su tierra, se ven ahora obligados a pagar excesivos tributos por sus pequeñas fincas y huertas tras ser calificadas como urbanizables. Todos son conscientes del nuevo valor de sus propiedades pero entienden que la subida -de sesenta euros a dos mil en casos extremos- no está justificada y para nada se ajusta a la realidad actual.
El caso de José y Ángeles es extrapolable a muchos de sus vecinos. Hasta el año 2007 pagaban 86 euros por un conjunto de pequeñas fincas en el entorno del núcleo de Nocéu que fueron adquiriendo después de muchos años «de trabajo y sacrificio», defiende su hijo, Maxi Piniella Tirador. Una de ellas es una pequeña huerta en la que sus padres ven pasar el tiempo al mismo ritmo que crecen las hortalizas para su consumo familiar; otra, la cuidan con mimo con ayuda de un rebaño de ovejas como herencia de un trabajo bien hecho durante años. No tienen intención de levantar cimientos sobre ninguna de ellas ni piensan en venderlas, pero sólo tenerlas en propiedad les supuso un gasto de 723,23 euros en el 2008 y la friolera de 897,63 euros este año. Una cifra «desproporcionada» que, advierte su hijo Maxi, va a seguir subiendo durante ocho años más. Llegará un momento en el que «mis padres tendrán que gastar más de lo que cobran en un mes» para hacer frente a esos gastos y, Dios quiera que eso no pase, «si faltara uno, el otro tendría que quitarse de comer dos meses para pagar ese recibo». Maxi Piniella Tirador apoyará en todo lo que esté en su mano a sus padres, pero sabe que muchos de sus vecinos no corren la misma suerte.
En la pequeña localidad de Coya viven Vicente Aladro Díaz y María Remedios Costales, también jubilados del campo y con unos ingresos que apenas superan los mil euros. Este año han tenido que hacer frente a unos gastos de 1.387 euros por sus propiedades y fincas urbanizables «y aún no nos ha llegado el recibo de las rústicas», advierte María Remedios, quien culpa directamente de lo ocurrido al Ayuntamiento de Piloña «porque quiere pagar sus deudas a costa de los vecinos». Entre sus propiedades se encuentra su vivienda familiar y una casa rehabilitada para el turismo rural, pero esta piloñesa no entiende cómo se puede llegar a pedir 35 euros por un tendejón «donde guardamos la leña» u 88 euros por el gallinero, «un triángulo de piedra junto a la carretera que aunque ahora es urbanizable no cuenta con suficientes metros para poder construir en él». «Estamos pagando como si estuviéramos en Madrid», concluye.
A sus vecinos de puerta con puerta, Alfredo Sanfeliz y Carmen Ordoñez, les pasa algo parecido. «Pasé de pagar 777 euros a 1.298 euros y, no soy muy bueno en números, pero debe ser un 70% más», dice aún asustado. Alfredo entiende que se aplique una subida moderada -«de un 10%, por ejemplo»- pero considera «inaceptable» que se estén gravando algunas fincas «en las que no entra ni un carro del país».
Hace 16 años que José María Muñoz compró casa y terrenos en la pequeña localidad piloñesa de Cereceda. Hasta el año pasado pagaba de contribución unos cincuenta euros anuales pero ahora, y sin previo aviso, el recibo se ha convertido en un mazazo para su economía familiar: le piden 550 euros. «Se ha multiplicado un mil por cien. Una salvajada», resume. Sus propiedades se limitan a una vivienda antigua, construida en el año 1870, y una finca de manzanos coronada por un hórreo. Y ésa es otra porque, aunque José María Muñoz valora la importancia como patrimonio histórico de este edificio, reconoce que hasta la fecha sólo le ha dado fuertes dolores de cabeza. «Con las subvenciones que nos ofrecen no podemos arreglarlo y está prácticamente cayendo, pero tenemos que seguir pagando por tenerlo, y mucho. Aunque sea una pena, estoy esperando a que se caiga», admite. La finca, que está plantada de manzanos y se ha convertido en lugar de esparcimiento de sus huéspedes -regenta una casa rural- le supone un coste inasumible, pero deshacerse de ella no es tan fácil como parece. «Quién va a querer comprar una propiedad que sabe que está gravada con un impuesto tan alto», señala.
Lo peor, advierte este empresario turístico, es que «estamos atados de pies y manos porque la corporación local no quiere ni atendernos, no entra en razón e incluso nos ha denunciado por ejercer nuestro derecho a manifestarnos», recrimina. Este piloñés entiende que deban aplicarse unos impuestos a las fincas que ya están construidas pero ve incomprensible que se grave con «cantidades tan desorbitadas» por la propiedad de pequeñas huertas familiares o fincas plantadas con manzanos, como es su caso. Está indignado por lo que le toca, pero también porque sabe de mucha gente mayor con ingresos muy limitados que están «quitándose de comer» para poder hacer frente a este recibo. «No sé en qué va a terminar esto, no sé si la idea del Ayuntamiento es echarnos de aquí y quedarse con nuestras propiedades», denuncia.
Ejemplos son muchos y variados. En la localidad riosellana de Sorribes, una pareja de 79 y 73 años también creyó que era «un error» el taco de recibos que les llegó a casa para informarles sobre sus obligaciones por sus bienes inmuebles al erario público. «Antes, al ser suelo agrícola, nos venía todo en una misma cuenta de unos 59 euros. Ahora cada finca viene con su propio recibo y, en total, pagamos más de 700 euros», resume. La situación es tan crítica para esta familia que incluso ha puesto a la venta una de sus fincas, ahora urbanizable, de unas veinte áreas, «que da para dos buenos solares y cuenta con suministro de agua, luz, teléfono... pero que pago por ella 130 euros al año». Pese a todas estas bondades, asegura que «aún no tiene constancia de ningún interesado». Así que no quiere ni pensar qué tendrá que hacer para deshacerse de otros de sus terrenos menos atractivos, como «un huertín de dos áreas en un cruce de caminos que hasta las vacas tienen que salir para cagar, y nos cuesta 18 euros al año», se queja.
Lo que está claro, señalan desde la Asociación de Vecinos Rurales de Piloña, es que la valoración catastral efectuada en el concejo piloñés «no se ajusta a la realidad, y mucho menos teniendo en cuenta los tiempos que corren», por lo que pide a la Administración local que actúe en consecuencia. Y es que la subida del impuesto afecta tanto a quienes tienen intención de levantar viviendas como a quienes desean mantener su huerta que, en muchos casos, «aunque sea urbanizable no tiene los metros cuadrados suficientes para edificar dentro y se paga por ella cantidades astronómicas». Además, plantean desde el colectivo, esta valoración «tan exagerada» supone importantes costes a la hora de vender estas fincas e incluso de heredarlas, y dispara de forma sustancial el valor de las propiedades de una familia «impidiéndoles acceder a ayudas y subvenciones». «Parece que tienes una propiedad muy importante y a lo mejor es una huertuca que no vale para nada», se quejan.
Desde la agrupación se ha pedido por activa y pasiva una nueva revisión del valor catastral pero son conscientes de que se trata de una dura batalla, por lo que se conformarían con que los afectados recibieran algún tipo de bonificación para hacer frente a este recibo, como ocurre en el concejo de Gijón, donde se subvenciona el 35% del recibo. Lo que no están dispuestos a aceptar es que el Ayuntamiento de Piloña pretenda solucionar el problema reduciendo el tipo impositivo que aplica la propia Administración local (que en estos momentos está situado en un 0,75) porque su bajada beneficiaría también a la zona urbana y a aquellas viviendas ya consolidadas de la zona rural.
La lucha de este colectivo comenzó el pasado mes de febrero pero «hasta la fecha no hemos conseguido nada», reconoce Óscar Roces, presidente de la agrupación que suma ya 250 socios. Roces se muestra indignado ante la pasividad de la Administración pública «que da la callada por respuesta» y reconoce que, a estas alturas, «sólo queda esperar a las elecciones, e incluso presentarnos como partido independiente», advierte.
Algo más optimistas se muestran en el concejo de Ribadesella. La recientemente constituida Asociación de Vecinos Rurales del concejo se ha reunido ya con todos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento para mostrarles su preocupación por la revisión de valores a la alza que se hizo de sus fincas, y aunque hasta el momento «todo son buenas palabras», no olvidan que las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina. José Manuel Rosete, presidente del colectivo, entiende que pese a lo dicho en las últimas semanas «el IBI no supone un ingreso tan importante para el Ayuntamiento». De hecho, señala Maxi Piniella, «sólo representa un 10%». Como sus vecinos de Piloña, no pretenden pagar por un terreno urbanizable lo mismo que por una finca agrícola, pero reclaman subidas más moderadas si no hay visos de construir. «Entendemos que cuando se va a edificar el Ayuntamiento y Hacienda cobren lo que tengan que cobrar, pero mientras que sean huertos y manzanos deberían mantener precios más asequibles. La revisión está hecha muy a la alza y encima, en tiempos de crisis, no se ajusta a la realidad», sentencia Rosete, confiado en la buena disposición de sus dirigentes políticos. A diferencia de lo que solicitan en Piloña, el colectivo riosellano considera que bajar el índice corrector podría, al menos, reconducir un poco la situación mientras se encuentran soluciones definitivas.
