Llegada a España, en un avión militar, de uno de dos de los piratas somalíes que intervinieron en el secuestro del pesquero 'Alakrana' y que fueron capturados por una fragata española en aguas del Océano Índico. / Archivo
Discrepancias en la defensa
Los dos supuestos piratas somalíes detenidos en España acusados de participar en el secuestro del atunero 'Alakrana' en aguas del océano Índico han renunciado a sus abogados. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que debe juzgarlos, ha instado a 'Abdu Willy' y a 'Raageggesey Adji Haman' a nombrar nuevos letrados, con la advertencia de que, si no lo hacen, se les designará uno de oficio.
"Renuncio como abogado definsona (sic) a Francisco Javier Díez Aparicio", es la frase que consta en el escrito, realizado a mano con incorrecta caligrafía por ambos detenidos en un formulario de la cárcel de Soto del Real y fechado el 26 de noviembre. El texto sólo hace referencia al letrado que representa a 'Abdu Willy', pero no nombra a Begoña Castro Jover, que representaba a 'Raageggesey Adji Haman', pese a que éste también firma el escrito de renuncia.
La defensa de ambos debía pronunciarse sobre la celebración de la vista o su archivo, una vez que la sección cuarta de la Sala de lo Penal dicte la apertura de juicio oral. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha procesado ya a los dos supuestos piratas por 36 delitos de detención ilegal y uno de robo con violencia y uso de armas -no les acusa de asociación ilícita-, y la Fiscalía, que tiene previsto solicitar penas que superan los 200 años de cárcel, ya anunció su rechazo a pactar un acuerdo para que ambos detenidos pudieran ser expulsados a Somalia.
No obstante, para Díez Aparicio existía la posibilidad de que a los detenidos se les pudiera aplicar el artículo 57.7 de la Ley de Extranjería, previsto para los procesados o inculpados por delitos castigados con menos de 6 años de prisión. En este sentido, el letrado pidió que la Justicia considerara a su representado como cómplice, y no autor, del secuestro del atunero 'Alakrana', para que la pena que le corresponda sea inferior a los 6 años de prisión y pueda tramitarse un expediente de expulsión.
También solicitó al magistrado que pidiera al Ministerio de Defensa que aclarara si antes de trasladar a los detenidos a España, fueron llevados a un barco no español, lo que en su opinión podría constituir una detención ilegal.
