El conflicto laboral en Asturpharma se encona. La plantilla de la farmacéutica mantuvo retenido ayer durante cerca de dos horas a uno de los dueños de la fábrica, Joaquín Mundo Arago, que visitó la planta de Llanera junto a los administradores concursales. Los trabajadores le exigieron un compromiso por escrito de que cobrarán la paga de diciembre. Para el resto de las nóminas pendientes, las de octubre y noviembre y tres cuartas partes de la extraordinaria de verano, deberán acudir al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Aunque los trabajadores no consiguieron esa firma, la presencia de la Guardia Civil la permitió que Mundo Arago abandonara las instalaciones de la empresa. «Nos asegura que quiere que la empresa continúe, pero, al mismo tiempo, dice que no hay dinero para nuevas inversiones», explican los trabajadores.
La producción de la empresa, que el pasado 19 de noviembre entró en concurso de acreedores, lleva más de un mes parada «por falta de material para fabricar», según fuentes de los trabajadores, que temen por el futuro de las 85 personas que actualmente conforman su plantilla. Aunque de momento no han recibido notificación oficial de ninguna extinción de contratos, los sindicatos sostienen que la intención de la dirección es despedir a 22 personas y regular al resto.
La actividad de Asturpharma, fundada en 1985 como consecuencia de la reorganización de Laboratorios Abelló, se basa en la fabricación de principios activos e intermedios para uso en el mercado farmacéutico y, en particular, para el campo de los genéricos a partir de tecnología propia, que desarrolla en sus laboratorios de I+D. Entre sus clientes más importantes se encuentran las multinacionales Sandoz y Pfizer. En noviembre de 2008, la farmacéutica cambio de dueños. «José Antonio del Pino y Joaquín Mundo Arago compraron la empresa por un euro y se hicieron cargo de la deuda que ya entonces ascendía a 27 millones de euros», asegura uno de los trabajadores de la firma. El relevo no ha estado exento de dificultades. Tras él y, según su versión, se produjeron tres despidos que terminaron siendo declarados improcedentes por el juez. Posteriormente, ya a principios de 2009, la dirección remitió una carta personalizada a cada trabajador en la que les planteaba bajadas de sueldo de entre el 15 y el 50%. La plantilla respondió con una huelga y el servicio extrajudicial de conflictos terminó frenando su pretensión.
