Lidiar con la muerte no suele ser fácil, pero hay quien elige anticiparse. En Asturias, ya son 1.200 las personas que se han inscrito en el registro de últimas voluntades puesto en marcha por el Gobierno el 7 de mayo del pasado año. Eso, a falta de que la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado cierre el balance definitivo con los datos correspondientes a 2009.
En poco más de un año y medio, los asturianos han situado el volumen de esta base de datos en la que los firmantes establecen por escrito sus preferencias sobre las actuaciones que los facultativos deben llevar a cabo en el caso de que ellos ya no puedan tomar decisiones a niveles de comunidades en las que ya lleva mucho más tiempo funcionando. No en vano, Asturias fue la última comunidad autónoma de todo el Estado en regular las voluntades anticipadas de los pacientes. La edad media de quienes han suscrito su testamento en la región ronda los 57 años y, en su mayoría, se trata de personas sanas. Además, de todas las solicitudes, aproximadamente el 80% expresa también la voluntad del firmante de que se donen sus órganos y tejidos.
En cuanto al perfil de quienes suscriben el llamado testamento vital, según un estudio nacional que ha analizado las características de quienes toman esta decisión presentado en el último congreso de la Sociedad Española de Medicina de Familiar, el 65% son mujeres. Además, más de la mitad, el 56%, tiene estudios universitarios y en uno de cada dos casos lo que les llevó a rellenar el documento fue la existencia de una persona cercana con una enfermedad irreversible. Los datos que arroja el testamento vital son considerados «muy relevantes» por el Gobierno asturiano que, sin embargo, no se plantea impulsar una ley de muerte digna similar a la planteada por el Ejecutivo andaluz. El Ejecutivo del Principado alega que, con el registro de instrucciones previas, regulado mediante decreto, «se cubre la demanda social y da libertad para decidir».
La norma planteada por el Gobierno andaluz es pionera en España y establecerá los derechos de pacientes y deberes de los profesionales de los centros públicos y privados. La futura ley regula el «abanico de posibilidades» clínicas para garantizar una muerte digna y minimizar los procesos agónicos, como la limitación del esfuerzo terapeútico. El PSOE y Salud estudian ya las 43 enmiendas presentadas y uno de los puntos espinosos es uno al que no quiere renunciar el PP: que se regule la objeción de conciencia de los médicos.
Lo que también va con retraso en Asturias es el Plan de Cuidados Paliativos, que tenía que estar en marcha este año, como denunciaron los populares en la Junta. En la región, poco más de un millar de enfermos reciben cada año atención paliativa en la fase final de sus vidas. La cifra, aunque parezca abultada, no lo es. Según Salud, casi un 60% de las personas que fallecen precisarían esta atención. En Asturias, unas 6.000 cada año.
