Ya está. Hoy en la Junta General socialistas e IU-BA-LV unirán sus votos para aprobar dos normas dedicadas a los funcionarios y trabajadores del Principado. Han sido diseñadas para impedir que el Tribunal Supremo suspenda el plus de la carrera profesional, un complemento de hasta 216 euros mensuales del que se benefician 14.000 empleados públicos del Principado.
El pasado mes de junio el Tribunal Superior de Justicia de Asturias declaró este sistema «anulable» por carecer de normas con rango de ley que lo respalden. La ejecución de esa sentencia quedó en suspenso a la espera de que el Supremo la revisara. Ahora, antes de que el Alto Tribunal haya podido ratificar ese vacío legal, el Principado va a conseguir llenarlo mediante las llamadas Ley de Evaluación de la Función Docente y la modificación la reforma de la Ley de Función Pública. «Son dos leyes que van a dar estabilidad jurídica a los incentivos económicos que perciben los empleados públicos», subrayó ayer la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya. Los emolumentos están «ligados a procesos de mejora de la prestación de los servicios que se da a los ciudadanos», agregó.
Formalmente esa es la justificación de la carrera profesional: rompe con la idea de que los funcionarios tienen sueldos fijos y vincula parte de la nómina a que se demuestre un buen hacer en el puesto de trabajo. El problema es que el sistema está de momento 'cojo', pues desde 2007 retribuye a todos los empleados públicos que han aceptado someterse a la carrera profesional sin exigirles la superación de prueba alguna.
Ahora el Principado se ha comprometido a realizar esos exámenes antes del 30 de septiembre de 2010. Para entonces llevará adelantados más de 78 millones en pluses a sus empleados públicos, un dinero que en principio deberían devolver todos aquellos que no aprueben el examen. Así lo recoge la normativa, aunque Migoya ya ha aclarado que «es improbable» que los exámenes produzcan algún suspenso.
Táctica de oposición
El PP ha presentado siete enmiendas parciales a los proyectos que permitirán mantener el espíritu de la carrera profesional bajo otro nombre. Ayer las defendió en las comisiones de Educación y de Administraciones Públicas y hoy volverá a hacerlo en el debate del pleno. Entre otras correcciones, la oposición solicita que los pluses sean pagados con efectos de 2007 a cerca de 2.700 empleados públicos que cumplían entonces los requisitos para entrar en la carrera profesional pero no firmaron el documento que los adhería a la misma.
Según calcula el Principado, esa demanda aumentaría en 16 millones la factura que la carrera profesional deja en las arcas públicas. El letrado de la Junta Ignacio Arias ha emitido un informe destacando que la oposición no realizó las alegaciones pertinentes para que el proyecto de presupuestos de «cobertura a los cobros que de esa anticipación y extensión se derivarían».
