Los tres altos cargos del Principado imputados por el caso de los minipisos de la Laboral no acudieron ayer a declarar al producirse un error en la citación. El anterior director general de Vivienda y actual director general de la ZALIA, Enrique Álvarez; el director general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Guillermo Morales, y el entonces director de Patrimonio, Elías José Uría, no se presentaron en el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo alegando que el requerimiento judicial se les envió al «último domicilio conocido», esto es, la sede de Vipasa, de cuyo consejo de administración eran integrantes los tres imputados, según explicó el abogado de la acusación, Rodolfo Argüelles.
Este error en el envío de la citación obliga a reiniciar el proceso de comparecencia de los tres altos cargos del Principado, ya que ahora tendrán que remitirse estos requerimientos a los actuales trabajos de los tres directores generales, por lo que el letrado calcula que las declaraciones se retrasarán aproximadamente un mes. Además de estos tres altos cargos, también están imputados, esta vez en Madrid, los arquitectos a los que les fue adjudicado el proyecto de construcción de minipisos para jóvenes en terrenos de la Universidad Laboral, Esteban Díaz Amunarriz y Rafael Rojo Sempau, del despacho Díaz y Rojo.
La denuncia presentada por el PP contra el anterior consejo de administración de Vipasa estima que en la adjudicación de los minipisos hubo «falsedad documental, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales» al contratar al despacho de arquitectos madrileño «a dedo» y por un montante superior al autorizado por el consejo de administración de Vipasa, ya que según el PP la operación superó en 61.000 euros la cantidad de 320.000 aprobada en su día por la empresa. Por su parte, la defensa aduce que la adjudicación se realizó según un informe jurídico en el que se decía que la contratación del despacho de arquitectos madrileño era «perfectamente legal».
