La Xunta de Galicia va a aprobar una norma para propiciar la fusión de ayuntamientos. Hay una multitud de concejos muy pequeños que no tienen medios técnicos para abordar las tareas que les corresponden ni dinero para financiar los servicios públicos. El Gobierno de Núñez Feijoo quiere propiciar la unión de municipios dando incentivos económicos a los ayuntamientos que se fusionen.
El problema del minifundismo municipal es más evidente en Galicia, debido a su estructura rural, pero afecta a toda España. El mapa nacional se encuentra dividido en 8.111 ayuntamientos, y la mayor parte de ellos no tiene capacidad para gestionar las competencias que les corresponden ni para hacer frente a las demandas de los vecinos. Asturias no es una excepción, aunque ningún partido político lleva en su programa la racionalización de las estructuras locales. Con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), de uno de enero de 2009, nos encontramos que 47 concejos asturianos no llegan a los 5.000 habitantes. Por encima de los 15.000 habitantes sólo hay nueve municipios. Atendiendo al volumen de competencias y a los recursos económicos de que disponen, lo lógico sería dejar la lista de 78 concejos reducida a una tercera parte. No hay ningún indicio de que se vaya a acometer una reforma en esa dirección.
Los ayuntamientos son instituciones muy arraigadas entre la población. El ciudadano las quiere y valora más que a las comunidades autónomas, un invento del postfranquismo. En Galicia tienen un peso importante las diputaciones, y bajo ese paraguas cabe abordar la reforma de los lindes municipales. En Asturias, la tarea le correspondería al Gobierno regional y ante cualquier conflicto los vecinos se pondrían del lado de su ayuntamiento.
Los alcaldes de los grandes municipios constituyen un poder fáctico en la vida regional. La trayectoria de los gobiernos asturianos es un trasunto de pactos y consensos con alcaldes y líderes sindicales. La debilidad de los ejecutivos autonómicos en Asturias se debe en gran medida a la convivencia con poderes (ayuntamientos y sindicatos) que condicionan la actuación de los gobiernos regionales. En Asturias han funcionado los consorcios para la prestación de servicios, pero las mancomunidades no han dado el fruto que se esperaba.