¿78 ayuntamientos son demasiados para Asturias, un territorio de dimensiones contenidas y poco más de un millón de habitantes? La pregunta no es nueva, pero sí tabú; plantear la supresión de algún municipio, fomentando las fusiones, se entiende casi como un sacrilegio. El debate no es exclusivo del Principado. La vecina comunidad gallega presenta características similares (territorio montañoso, despoblamiento rural...) y su Gobierno, con el popular Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, cree que ha llegado el momento de poner alternativas sobre la mesa. La Xunta perfila en estos momentos una propuesta para impulsar las fusiones entre concejos, sobre todo aquellos de pequeño tamaño que tienen más dificultades para sostener su economía. A esta alternativa, el Ejecutivo asturiano pone algunos matices. «No se pondrán obstáculos» a la posibilidad de que dos ayuntamientos se unan, siempre que sea voluntario, señalan las fuentes consultadas por este periódico, pero «nunca» se obligará a ningún alcalde a tomar una decisión así en contra de su voluntad.
La conveniencia de una reorganización del mapa municipal constituye un debate que sale a la palestra con relativa frecuencia, sobre todo cuando la salud económica es particularmente delicada. Es el caso. La situación financiera de los consistorios nunca ha sido precisamente boyante, pero la crisis ha supuesto un golpe de gracia. Las cosas son complicadas en los municipios más grandes, pero en los pequeños, con poca población pero habitualmente muy dispersa, la prestación de los servicios públicos esenciales llega a convertirse en un imposible. Ese es precisamente el argumento que utiliza la Xunta para abrir ahora este 'melón'.
Es verdad que en Galicia hay ayuntamientos que han llegado a un momento límite. La caída de los ingresos a consecuencia de la severa recesión ha hecho que un puñado de consistorios, en su mayor parte de menos de 5.000 habitantes, estén sufriendo serios problemas para financiar los servicios públicos e incluso para pagar las nóminas de sus funcionarios. El pasado noviembre, la Xunta se vio forzada a habilitar una partida de un millón de euros para ayudar a los municipios a afrontar el gasto corriente, dado el precario estado de sus arcas por culpa del brusco descenso recaudatorio.
Incentivos económicos
La iniciativa que ultima el Gobierno gallego, de la que se hizo eco el 'Faro de Vigo', pondrá sobre la mesa incentivos económicos para animar a los ayuntamientos a fusionarse. Por ejemplo, crear un fondo específico de ayudas o dar preferencia a estos concejos en el reparto de las subvenciones. La Xunta, asimismo, propondrá otras opciones, muchas de ellas ya desarrolladas en Asturias, como la creación de consorcios o mancomunidades para abaratar la prestación de los servicios públicos y garantizar su calidad. Todo ello, se asegura desde el Ejecutivo popular, apostando por el diálogo y el acuerdo, «sin voluntad de imponer nada».
La prolongación del debate hacia el otro lado del Eo es inevitable. Y desde el Gobierno asturiano se introducen varias matizaciones de interés. Las fuentes consultadas por este periódico dejan claro, ya de antemano, que no está en la hoja de ruta del Ejecutivo para 2010 la apertura de esta controversia.
Obstáculos
Eso no excluye que el gabinete que lidera Vicente Álvarez Areces analice el asunto con interés. Partiendo de un concepto básico: la voluntariedad. Esto es, que si dos o más ayuntamientos están dispuestos a fusionarse en uno solo, no se pondrá ningún impedimento para que la operación cuaje. Siempre que, obviamente, se respete la ley vigente. «No vamos a forzar esa situación ni está en nuestros planes incentivarla, pero no la obstaculizaremos si llega el caso», argumentan estas mismas fuentes.
A día de hoy, la prioridad del Principado es otra. Consciente de que la integración de ayuntamientos es un asunto delicado desde el punto de vista identitario, el Ejecutivo apuesta por una vertiente más práctica «y que interesa más a la gente»: la concentración de servicios. Es decir, el impulso de consorcios que garantices la prestación de servicios, con un coste económico más reducido y una calidad asegurada. Cogersa es un ejemplo en el caso del tratamiento de residuos, pero hay bastantes más. Uno de los últimos y más importantes, el Consorcio de Transportes. «Es más efectivo y más práctico para el ciudadano», sostiene el Principado, que continuará potenciando esta opción, así como las mancomunidades.
Por otro lado, el Gobierno asturiano defiende su vocación municipalista y su labor a la hora de contribuir a paliar las dificultades económicas que atraviesan los ayuntamientos. Y esgrime como principal herramienta el 'plan A' de inversión local, que inyectará 100 millones de euros en la economía municipal entre 2010 y 2011 para que los consistorios dediquen la mayor parte de sus recursos propios al pago de los gastos corrientes. Los concejos de menos de 5.000 habitantes, un total de 47, están eximidos de cofinanciar este plan, mientras que el resto lo hará de forma gradual.
Reforma legal
La propuesta de reordenación municipal que ahora saca Galicia a colación es la última, pero no la única. En Asturias han aparecido incluso informes muy detallados que aconsejaban una reforma de similar calado. Es el caso del documento presentado en agosto de 2007 por el Consejo Económico y Social (CES), que abogaba por un cambio legal que facilitara los procesos de asociación, fusión y segregación de municipios.
Entre otras cosas, el informe recomendaba potenciar las mancomunidades en respuesta al trasvase de población hacia el centro de la región.
