Madrid y Bruselas han dejado de jugar al ratón y el gato. Las directrices del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) han llegado a la capital comunitaria -nada menos que seis meses después de la aprobación del FROB por el Consejo de Ministros- y el Gobierno acepta que las ayudas públicas a las que podrán optar las cajas de ahorros en sus procesos de integración se limiten al 2% de sus activos ponderados en función del riesgo asumido, frente al 2,5% que defendía el Gobierno. Es la fórmula estándar establecida por el Ejecutivo de la UE. Propuestas con mayor intensidad de apoyos no quedan descartadas, pero habrán de someterse a un examen individual del proyecto.
En Bruselas, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, reconoció que España acaba de hacer llegar su demanda, y expresó su confianza en que la aprobación se lleve a cabo antes de que culmine el mandato de la actual comisaria de Competencia Neelie Kroes. El relevo al frente de esta decisiva cartera lo tomará el hasta ahora responsable de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia. Por mucho que se aceleren los procesos, aunque Kroes facilite su visto bueno al régimen general, quedarán pendientes muchos flecos.
Las operaciones de integración en marcha -en particular la avanzadilla de las entidades catalanas, y excluidas las SIP que no pretenden recabar ayudas públicas u operaciones como la de Cajastur y CCM- estaban a la espera de este pronunciamiento. Entre las catalanas, la de Caixa Catalunya, Caixa Manresa y Caixa Tarragona requiere 1.300 millones de euros lo que implica, según fuentes consultadas, del orden del 2,5% de los activos ponderados. O la operación ajusta la petición de ayudas o se somete a un examen individualizado.
