El enfrentamiento entre nueve agencias de publicidad de Gijón, Langreo y Carreño, y el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Luis Arias de Velasco, por la gestión de la publicidad del ente cameral gijonés está a punto de vivir un nuevo episodio. Los profesionales del sector, después de informar con detalle a la Consejería de Industria y Empleo de lo que, entienden, es una «gestión de dinero público en beneficio propio» por parte de Luis Arias de Velasco y visto que, transcurrido más de un mes y medio, «nadie se ha dignado ni a contestarnos por nuestra solicitud de un expediente informativo», es más que probable que acudan a la vía penal en defensa de sus intereses y con el objetivo de «acabar con la anómala situación actual».Lo anunciarán esta semana. Los hechos se remontan al mes de noviembre de 2008, cuando las agencias Prema 2000, Molleda Publicidad, ECB Publicidad, Gigia Publicidad, Ramón Dejulián, Cares Agencia de Publicidad, Manuel A. Llana Publicidad, Clip Comunicación y Merediz Asociados pidieron la dimisión de Luis Arias de Velasco porque, aducían, «se puede decir que la publicidad de la Cámara y de las ferias está siendo gestionada por una empresa vinculada, en la medida que sea, con su actual presidente (Luis Arias de Velasco) y allegados». La Cámara adjudicó la publicidad a la empresa Isertia y, que luego se fusionó con Bitácora, de la que Luis Arias de Velasco era presidente, para crear el grupo Bittia.
Luis Arias de Velasco manifestó, entonces, que los argumentos de las agencias eran «de locos» y llevó a los tribunales a sus colegas. El día 15 de octubre de 2009, el magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Gijón desestimó la demanda haciendo expresa mención a que «el demandante aparece como miembro del consejo de administración de Bittia... Además, la esposa del demandante (que es apoderada de Bitácora) es empleada de Bittia». Arias de Velasco no recurrió el fallo.
Ahora, las agencias, insatisfechas con la nula respuesta de la Consejería de Industria, estudian llevar el asunto por lo penal porque, entienden «la situación no ha cambiado nada y el presidente de la Cámara sigue manejando dinero público en beneficio propio».
