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ECONOMÍA

¿Para qué sirve una huelga general?

La de 1988 obligó al Gobierno a cambiar su gestión; la de 1994 tuvo un alto seguimiento, pero escasa influencia. El 29-S está convocada la sexta huelga general de la democracia, con serias dudas sobre su repercusión final

PPLL

Sábado, 25 de septiembre 2010, 13:29

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«Lo que ocurrió el 14-D es irrepetible. No se va a volver a dar». Los sindicatos no quieren que se tome como referencia el paro de 1988, el más masivo de la democracia, para evaluar el seguimiento y el impacto de la huelga general del 29-S, la primera convocada contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Aquella mítica protesta por las políticas económicas del equipo de Felipe González paralizó el país porque movilizó a toda la ciudadanía. Fue un rotundo éxito desde el punto de vista sindical; se retiraron las medidas que sacaron a la calle a los trabajadores y el Ejecutivo modificó su rumbo. Aunque también hay quienes hacen la lectura contraria, la negativa. Los que creen que, debido a esa huelga, se aumentó el gasto social para contentar a las centrales y se disparó el déficit.

El caso es que los sindicatos no aspiran a una respuesta tan contundente esta vez. Y eso que afirman con rotundidad que el ajuste social realizado por Zapatero es el más duro de la democracia. El más lesivo para los derechos de los trabajadores, en palabras de los líderes de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente. En el centro de la diana figura la reforma laboral, que abarata el despido. A ella hay que añadir la congelación de las pensiones, el recorte del salario de los funcionarios, la subida del IVA y la amenaza de nuevas reformas, sobre todo aquella que retrasará la edad de jubilación desde los 65 a los 67 años.

Las centrales denuncian que el Gobierno socialista, presionado por unos poderes financieros ante los que «se ha arrodillado» Méndez dixit, ha dado un giro copernicano y está cargando todo el coste de la crisis sobre la espalda de los trabajadores, a pesar de que no fueron ellos los causantes, sino las malas prácticas de la banca. Zapatero, critican los sindicatos, está haciendo lo que dijo que nunca iba a hacer, cuando prometía una salida de la recesión económica sin menoscabo de los derechos sociales. A última ahora, el presidente del Ejecutivo ha tratado de compensar este malestar que sienten los suyos, la izquierda, con guiños como el anuncio de una subida del IRPF a las rentas altas y el alza del 1% para las pensiones mínimas. Pero no ha logrado calmar los ánimos.

En principio, hay motivos de peso para la convocatoria de la huelga general. ¿Por qué entonces hay tantas dudas sobre el éxito del 29-S? Los sindicatos son conscientes de que hay elementos que juegan en su contra y, de hecho, según las encuestas realizadas, dos de cada tres trabajadores afirman que no secundarán el paro.

Uno de ellos es que España no ha conseguido todavía salir del agujero y hay 4,6 millones de parados. En tiempos tan duros los que tienen un empleo dudan mucho a la hora de salir a la calle.

Credibilidad

Por otro lado, la capacidad de movilización de los sindicatos ha decaído con el tiempo, como muestra el poco éxito que obtuvo la huelga contra el recorte del salario de los funcionarios. Y tampoco se puede decir que estén en su mejor momento en cuanto a credibilidad. Más allá de los interesados debates abiertos estas semanas sobre los sindicalistas liberados o el coste del aparato sindical, existe la percepción de que CC OO y, especialmente UGT por la estrecha relación entre Méndez y Zapatero, han organizado esta huelga obligados, cuando no tenían más remedio por la dimensión del ajuste social aprobado. Se les reprocha, en este sentido, el papel que han desempeñado hasta ahora, como apoyo principal de un Gobierno que ha tomado decisiones equivocadas que han agravado el impacto de la recesión. «Los ciudadanos les consideran corresponsables de la crisis», sostiene Álvaro Soto, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid.

El lapsus de Toxo al calificar de «gran putada» esta huelga o los gritos de «no la hagáis, no la hagáis» que se escucharon en Rodiezmo, donde se vertieron más críticas contra el PP que contra Zapatero, han alimentado esta idea. Además, resulta cuanto menos llamativo que la convocaran para después del verano, cuando ya la reforma laboral es una ley aprobada por el Parlamento, y no antes, para influir en su tramitación. Los sindicatos argumentan que eligieron el 29-S para coincidir con la movilización organizada por la confederación europea.

Por eso hay dudas sobre el seguimiento, y más todavía sobre lo que se va a conseguir. El Gobierno ha logrado que cale hondo el mensaje de que no hay más remedio que apretarse el cinturón y hacer las reformas que exigen los mercados y Europa porque, de lo contrario, España volverá a colocarse ante el abismo que se abrió en mayo, cuando la prima de riesgo de la deuda se disparó y se llegó incluso a especular con una eventual quiebra. Por mucho que los sindicatos insistan en que hay alternativas, como una profunda reforma fiscal, se impone la tesis de que Zapatero no tienen margen para rectificar y que, tal como prometió a los tiburones de Wall Street esta semana, seguirá adelante con sus políticas de ajuste. Queda la reforma de la negociación colectiva y de las pensiones.

En este contexto, la huelga del miércoles representa una prueba de fuego para la capacidad de movilización y la credibilidad de los sindicatos y, a la vez, un nuevo reto para un Zapatero cada vez más debilitado, que acaba de ceder ante el PNV para sacar adelante los Presupuestos y no tener que convocar elecciones anticipadas. El éxito de unos es, por tanto, el fracaso del otro aunque, paradójicamente, no hay un interés real en hacerse daño. Las centrales no quieren un cambio de Gobierno y el presidente socialista quiere conservar a UGT y CC OO como aliados. Aquí se enmarca el inédito acuerdo alcanzado sobre los servicios mínimos.

El 29-S se presenta, en consecuencia, como una huelga general muy particular, aunque ya dicen los que han vivido muchas que no hay dos iguales. Algunos de estos veteranos nos responden a continuación a la pregunta de para qué han servido realmente las huelgas generales en el pasado.

1988, 14 de diciembre: La huelga que marcó un hito

El 14-D marcó un antes y un después en las huelgas. El éxito se vio venir cuando en la noche del 13 de diciembre las pantallas de la televisión se quedaron en negro. Justo en el preciso instante en el que la locutora Olga Barrio informaba de que, pese a la protesta, TVE garantizaba su programación habitual. «Unos del sindicato subieron a la Bola del Mundo en Navacerrada y cortaron la señal», relata Alberto Pérez, un histórico de UGT.

¿Por qué ese paro fue tan masivo? «A principios de los 80 habíamos sufrido la reconversión industrial, un proceso muy doloroso en el que los sindicatos arrimamos el hombro. Y cuando el país empezaba a salir del agujero, en vez de repartir los beneficios, el Gobierno de Felipe González nos apretó más las tuercas con reformas regresivas», prosigue Pérez. La medida que entonces concentró las críticas fue el plan de empleo juvenil, con un contrato «precario que inauguraba la temporalidad».

La huelga paralizó el país. Se calcula que un 90% de los trabajadores la secundaron y, de hecho, esa es la única vez en la que no se discute el porcentaje de participación.

En esa protesta se hizo visible por primera vez el divorcio de la llamada familia socialista, al distanciarse UGT del PSOE. El secretario general del sindicato en aquel entonces, Nicolás Redondo, expone lo que se consiguió con la movilización: «en las elecciones de 1989, Izquierda Unida subió mucho, lo que desató la alarma en el Gobierno. El ministro de Economía, Carlos Solchaga, se vio forzado a negociar y tuvo que aceptar casi todas nuestras propuestas; no sólo se retiró el contrato de empleo juvenil, sino que también se aprobó la ley de pensiones contributivas, el derecho de los funcionarios a la negociación colectiva y la recuperación de dos puntos de poder adquisitivo».

«Lo que se consiguió es un aumento del gasto público que llevó a la economía a una situación muy complicada en 1992, cuando hubo que tomar medidas drásticas», responde Soto.

Al margen de la lectura que se haga, lo ue nadie discute fue el éxito de la huelga, en el sentido de que sacó a la calle al país entero. No fue la primera desde la Transición. En 1985, CC OO y otras fuerzas minoritarias organizaron una protesta contra la reforma de las pensiones. Pero nada comparado con aquel mítico 14-D.

1992, 28 de mayo: Sólo media jornada

La huelga de 1992 ha pasado a la historia sin pena ni gloria. Su nota más característica es que fue de media jornada. «Y si algo aprendimos es que nunca más se iba a hacer así; supuso el doble de trabajo organizarla para conseguir sólo la mitad de impacto», resume Pérez.

La protesta se convocó contra un decreto que endurecía considerablemente el acceso a la prestación por desempleo. El texto, sin embargo, apenas se corrigió.

1994, 27 de enero: Alto seguimiento, resultados limitados

El motivo de la huelga general, la cuarta contra el Gobierno de Felipe González, fue una reforma laboral, la más importante que ha sufrido el Estatuto de los Trabajadores hasta el momento. Se convocó en un contexto difícil en el que, aunque España comenzaba a salir de la recesión, el paro se encontraba en máximos históricos, por encima del 24%.

«Esa reforma inició la liberalización del despido y fue muy negativa. El paro general tuvo mucho éxito y las manifestaciones fueron masivas. Sin embargo, no se logró modificar nada del texto. El Parlamento lo aprobó con una amplia mayoría, porque tanto la derecha como el PSOE lo apoyaron», resume José María Zufiaur, otro histórico de UGT, también miembro del CES europeo.

Santiago Bengoa, ex secretario general de CC OO-Euskadi establece analogías entre aquella situación y la actual. «En 1994, como ahora, el Gobierno cayó en la trampa de responder a la crisis con las recetas impuestas desde el poder financiero», apunta.

José Guillermo Zubia, secretario general de Confebask, la patronal vasca, también ve similitudes, aunque por razones muy diferentes. «La reforma de 1994 delegaba muchos asuntos, hasta entonces regulados por ley, a la negociación colectiva. Se supone que eso debería haber gustado a los sindicatos que, sin embargo, convocaron una huelga general. Siguieron ese ritual que establece que una reforma laboral debe ser contestada con un paro, independientemente de su contenido. Lo mismo ocurre ahora. La reforma laboral es laxa e insuficiente, pero se hace una huelga. Sin tener en cuenta que España adolece de problemas estructurales muy graves que resolver».

2002, 20 de junio: Contra el Gobierno de Aznar

Existe cierto consenso en que la huelga general del 20 de junio, la única contra el Gobierno del PP, tenía un importante componente político y perseguía el derribo de José María Aznar. No obstante, el motivo de la convocatoria fue un decreto que endurecía las condiciones para cobrar el paro.

«Fue un aldabonazo político, la queja contra una forma de gobernar. En su segunda legislatura, Aznar tenía mayoría absoluta y tanto poder genera rechazo», explica Manuel Pimentel, que fue ministro de Trabajo con el PP hasta que dimitió en 2000. A su juicio, en el 29-S no hay esa carga política, porque «los sindicatos no quieren provocar un cambio de Gobierno». En su opinión, «esta es, en realidad, una huelga de oficio contra una reforma laboral tibia que evidencia el fracaso del diálogo social».

Los sindicatos calificaron la protesta de aquel 20 de junio de éxito rotundo y el Gobierno de lo contrario. TVE dio entonces una participación del 14%, lo que le costó la primera condena por manipulación informativa.

Algo removió ese paro, porque desencadenó la marcha del ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, hoy alcalde de Burgos. Él mismo lo relata: «el Gobierno retiró prácticamente todas las medidas, al dar prioridad a la paz social». Desde su óptica, «si aquella huelga la convocaron los sindicatos para expresar su antipatía con el Gobierno de Aznar, esta es para disimular la simpatía que sienten por el de Zapatero».

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