El informe de la Sindicatura de Cuentas sobre la Cuenta General del Principado de 2009, que comprende todas las operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias y los movimientos de tesorería de la administración, constata que el Servicio de Salud (SESPA) cerró ese año con unas obligaciones presupuestarias reconocidas infravaloradas en 166,9 millones.
El documento, aprobado el 1 de julio y hecho público hoy por el órgano fiscalizador de la comunidad autónoma, señala que esta cantidad representa la deuda no presupuestaria cuantificada y facilitada por el SESPA.
Así, la Sindicatura plantea a la Consejería de Economía que, a la hora de fijar la asignación anual de créditos al Servicio de Salud, se tenga en cuenta la deuda que "de modo recurrente" se va desplazando año tras año "entre otras razones para evitar los elevados gastos financieros derivados de los intereses de demora".
Esta cuestión figura entre las observaciones realizadas por la Sindicatura a la Cuenta General que, segun este órgano, refleja "razonablemente" la realidad económica y financiera del Principado y "con carácter general" se adecúa a la legalidad vigente.
Por el contrario, añade la Sindicatura, la falta de indicadores específicos que permitan determinar el cumplimiento de los objetivos programados hace que el informe no puede reflejar su opinion sobre el grado de eficacia y eficiencia en la gestión presupuestaria.
En cuanto a la contratación, el informe emplaza al Gobierno regional a tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar los principios esenciales de igualdad de trato a los licitadores, no discriminación y transparencia tal y como ya hizo en los documentos referidos a los cuatro ejercicios anteriores a 2009.
Así, propone la puesta en marcha de un tratamiento informático de la documentación del Registro de Contratos del Principado que facilitaría el control de la Sindicatura y de los órganos internos de control de la administración.
El desarrollo de esta iniciativa redundaría, a juicio del órgano fiscalizador, en dar una mayor transparencia a la contratación del Principado, "básica" para cumplir adecuadamente la Ley de Contratos del Sector Público "cuya vulneración podría dar lugar a la exigencia de responsabilidades" a la administración regional.
La Sindicatura señala también que el Gobierno no ha facilitado el calendario de amortización actualizado al final de 2009 sobre las deudas formalizadas con entidades de crédito, que ascienden a 965 millones y que está íntegramente clasificado como deuda a largo plazo lo que impide calcular la oportuna reclasificación.
Además incide en que no se ha facilitado información de la estimación realizada sobre los deudores de 2005 en adelante ni sobre el importe de derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados a finales de 2010 por lo que no se ha podido concluir sobre la totalidad de ajustes a realizar en la provisión por insolvencias.
El informe refleja asimismo que en 2009 la recaudación por impuestos indirectos -fundamentalmente IVA y Transmisiones Patrimoniales- disminuyó en 131,3 millones respecto a 2008 y que la liquidación de la financiación autonómica tuvo saldo negativo por el deterioro de la situación económica por lo que deberán devolverse al Principado 34,2 millones en cinco años a partir de 2011.
Además, constata que el endeudamiento bancario aumentó un 34 por ciento y que el remanente de tesorería del Principado fue negativo en 195,9 millones de euros mientras que en el organismos autónomos, al incluir los ajustes detectados durante la fiscalización, asciende a un importe negativo de 93,8 millones de euros.
