La ambiciosa reforma educativa que acaba de poner sobre la mesa el Gobierno regional ha vuelto a provocar un choque frontal entre la enseñanza pública y la concertada, dos redes condenadas a entenderse que, sin embargo, ven en los planes de la consejería dirigida por Ana Isabel Álvarez un grave ataque (la pública) o un avance histórico (la concertada).
Del lado de la enseñanza pública, los sindicatos docentes en bloque cargaron ayer contra lo que el portavoz de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Asturias, Luis Fernández León, tildó de «directrices inequívocas de privatización en la educación».
Eso es lo que ocurrirá, en su opinión, de salir adelante el plan de autonomía de centros propuesto por el Principado, que, según este sindicato, establece «líneas propias de la empresa privada en la educación pública». O lo que es lo mismo: «Un modelo homólogo al madrileño, basado en los principios de autonomía de gestión y curricular, libertad de elección de los padres y evaluación de resultados». Y que, además, «abre la puerta al copago en educación», merced al anuncio de que colegios e institutos «tengan que buscarse sus propios recursos, captando fondos privados».
En esa misma línea, defienden, camina también la profesionalización de la dirección de los centros, que supone «apostar por una gestión de tipo empresarial en lo público, como si los centros fuesen establecimientos comerciales que tuviesen que competir con sus productos en el mercado».
También se opone CC OO a la cesión a los centros del 35% del currículo, «una dejación de funciones que no cuenta con respaldo normativo» y una objeción planteada también por el representante de FETE-UGT, Daniel Rodríguez, quien subrayó que «el núcleo sustancial de las reformas y medidas que proponen requiere modificaciones legislativas de carácter estatal». Esto es: se escapan a sus competencias.
UGT puso asimismo el acento en que «la solución de los problemas del sistema educativo en Asturias requiere la implicación y el acuerdo de toda la sociedad, de la que es piedra angular el profesorado». Y, en el mismo sentido se pronunció Gumersindo Rodríguez, al frente de ANPE, que teme que se produzca «la atomización del sistema, con 392 modelos de enseñanza distintos, tantos como centros educativos. Y, por tanto, la creación de centros de primera y de segunda».
Si en su opinión «la libre elección de centro es una quimera para la mayor parte de las familias de la región, o que se lo pregunten a las de Tapia o Belmonte», no es menos «sangrante» el anuncio de que colegios e institutos podrán seleccionar y contratar al profesorado que consideren oportuno para impartir las materias optativas que quedarán a su elección. «Existe una normativa básica estatal que establece claramente cuál es el sistema de acceso a la función docente, normativa que no se puede soslayar ni contravenir. ¿Volvemos al caciquismo, al amiguismo? ¿A quién contratarán? ¿Qué carácter tendrá la contratación? ¿Qué condiciones laborales y económicas? Los centros educativos no son empresas», criticó la central.
Y, si ANPE tiene muchas preguntas aún sin respuesta, José Antonio Alonso, de SUATEA, lo tiene claro: «Cualquier entrada del sector privado en el servicio público es para hacer negocio, un camino que han seguido en España el tripartito catalán, con su ley de educación, y Esperanza Aguirre con la financiación masiva de los centros privados».
Abunda SUATEA en que «de ninguna manera resulta admisible que se proponga una dirección de los centros ajena a los docentes, porque eso sí que es un chiringuito», algo que también piensan los propios directores de los institutos de Secundaria asturianos, representados por Francisco Alonso, quien denunció que «no se está entrando en los problemas que tiene la educación asturiana», al tiempo que defendió que «los equipos directivos de los centros tienen que poseer una competencia pedagógica y cierta experiencia. No ser gerentes».
Así las cosas, la «incredulidad total» de la presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Centros Públicos de Gijón y Carreño, Juana Llana, choca con el aplauso del portavoz de las familias de la concertada en Asturias, José Manuel Martínez, para quien «la autonomía de los centros era una demanda de toda la comunidad educativa, los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo se emplean los recursos públicos y los padres, a decidir dónde quieren escolarizar a sus hijos, por lo que las propuestas son un avance en esa libertad de elección».
La posición de Juan Luis Barrera, portavoz de OTECAS, el sindicato mayoritario de esta red, era inequívoca: «No se ha planteado en ningún momento un trato de privilegio para la concertada, sino un trato igualitario, el que fija la ley».
