La Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente tiene una deuda acumulada en el servicio de expropiaciones de 20,7 millones de euros generada por el Gobierno anterior, informa este departamento, que destaca que la situación de prórroga presupuestaria pone a la Administración en una situación de especial dificultad para afrontar estos compromisos heredados.
La deuda es de 20.714.675,93 euros y la mayor parte de esta cantidad, 17.103.346,33, se corresponde con sentencias judiciales sobre procesos de expropiación iniciados por el Gobierno anterior y que se deben afrontar en un corto plazo.
A esto hay que añadir una cantidad de 3,6 millones para hacer frente a decisiones del jurado de expropiación, depósitos previos e indemnizaciones por rápida ocupación en expedientes de obra, intereses, mutuos acuerdos y valoraciones que ya ha realizado la Administración autonómica para procedimientos en marcha.
La Viceconsejería de Infraestructuras tenía previsto hacer frente a estos pagos con el nuevo presupuesto para 2012 pero explica que la situación actual de prórroga presupuestaria pone a la Administración en especial dificultad para afrontar estos compromisos, que van llegando de manera creciente.
Para el viceconsejero, Juan Vega, "las expropiaciones de infraestructuras, cuyo pago se reclama vía sentencia, son una pequeña parte del iceberg, pues la parte del león de las actuaciones expropiatorias se desarrolló al amparo de sociedades del sector público, los llamados chiringuitos".
