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La vigilancia del nuevo hogar suizo de la infanta Cristina costará al Estado español 300.000 euros anuales
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La vigilancia del nuevo hogar suizo de la infanta Cristina costará al Estado español 300.000 euros anuales

Doña Cristina ha decidido trasladar su hogar a Ginebra para evitar la presión mediática

EUROPA PRESS

Lunes, 26 de agosto 2013, 16:09

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La infanta Cristina trasladará próximamente su residencia a Ginebra, en Suiza, una de las ciudades más caras de Europa, y Europa Press Chance ha publicado lo que costará su nueva vida. Uno de los gastos más elevados es el que corresponde a la vigilancia de su nueva casa, que supondrá un total de 300.000 euros anuales, que correrán a cargo de la Casa Real.

La decisión de mudarse vino motivada por la presión mediática que sufren los hijos de doña Cristina e Iñaki Urdangarin tras la imputación del duque de Palma en el 'caso Nóos'. Las leyes suizas no permiten a los 'parazzi' acercarse a sus habitantes, un aspecto que les proporcionará más intimidad.

Los pequeños acudirán en Suiza a un colegio de élite, cuyo coste asciende a 120.000 euros, de los que se encargará La Caixa, entidad para la que trabaja la hija del Rey.

La caja catalana también financiará el alquiler de la casa familiar, que la citada fuente tasa en unos 5.000 euros mensuales, lo que supondría un total de 60.000 al año. Aparte pagará a la infanta un sueldo 320.000 al año, más el suplemento que conlleva el traslado al extranjero de un empleado.

La seguridad de la infanta se hará en coordinación con el personal de la embajada española y la policía suiza. Durante los cinco años que vivieron en Washington contó con un servicio permanente de seis policías que se turnaban cada ocho horas en el cuidado de la familia. Cada uno suele recibir 50.000 euros anuales y el relevo se produce cada tres meses.

Por su parte, Iñaki Urdangarin estaría buscando un trabajo en Ginebra en el sector de los seguros, algo que no cuenta con la aprobación de Zarzuela. Según el abogado Gonzalo Boye, si el marido de doña Cristina viviera fuera de España más de 180 días al año, dejaría de tener su dirección fiscal en el país, con lo que su situación tributaria quedaría en un limbo.

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