Los sindicatos creen que los nuevos baremos enviarán a cientos de profesores interinos al paro

Los docentes del Principado vuelven a estar en pie de guerra por lo que ya denominan «el decretazo», el borrador elaborado por la consejería de Educación para conformar las listas de profesorado interino y, que, según denuncian sindicatos como CSIF y SUATEA, penalizará a los docentes que lleven varios años ejerciendo en Asturias, además de provocar el despido de varios centenares de ellos. «La mayoría de los interinos quedarán condenados al paro», cargó Beatriz Quirós, portavoz de esta última central, tras celebrar ayer una asamblea para tratar «este escándalo, ya que incluye modificaciones muy graves».

La propuesta de la Administración, cuya retirada exigen, se abordará mañana mismo en la Mesa Sectorial de Educación, ya que, según la consejería, el proceso de negociación de un nuevo acuerdo para la elaboración y gestión de las listas de aspirantes a interinidad, que sustituirá al que está actualmente en vigor, firmado en junio de 2005, es «necesario» tras «los numerosos cambios -normativos y en el sistema educativo- que se han producido desde la firma del actual convenio, que, además, se encuentra en una situación de prórroga, ya que su vigencia finalizaba en el curso 2007-2008».

El problema radica en que su propuesta no convence en absoluto a las centrales, que tildan el borrador de «uno de los mayores despropósitos en materia educativa» de la historia de Asturias, una comunidad que, dicen, «sigue los pasos de Madrid». Y eso, porque, según denuncia CSIF, se pretende introducir un cambio fundamental que pasa porque «la convocatoria de oposiciones determine una nueva lista, una nueva ordenación según un baremo radicalmente diferente». Una modificación en la que «la experiencia se reduce a su mínima expresión: un punto por cada año trabajado».

En palabras de SUATEA: «La antigüedad en el empleo es una componente esencial en todos los baremos para acceder a las listas de interinos de todo el Estado» salvo en aquellas comunidades con listas cerradas y a las que una persona procedente de Asturias no puede acceder, mientras que el resto sí pueden optar a una plaza en el Principado. Y lo que es peor: lo que subyace en todo esto es una razón económica, ya que, según CSIF, «por cada profesor con una antigüedad media de doce años que es sustituido por uno sin experiencia, la consejería se ahorraría una media de 300 euros».