Oviedo, 25 jun (EFE).- La Junta General del Principado de
Asturias ha aprobado hoy la Ley de Cooperativas, la primera en la
materia de la que se dota la comunidad autónoma, y en su segunda
sesión semanal en Pleno también ha aprobado dos proposiciones no de
ley que incluyen recomendaciones al Gobierno regional.
En una de ellas el PP e IU han sumado sus votos para sacarla
adelante y con ella se insta al Gobierno a readmitir al cesado
director del Museo Etnográfico de Grandas de Salime, José Naveiras
"Pepe el Ferreiro".
En la otra, los tres grupos parlamentarios han aprobado pedir al
Gobierno que descarte que una fundación privada dirija el banco de
sangre y tejidos regional y que estudie la viabilidad de que sea una
entidad pública la que rija el centro sanitario.
Las sociedades cooperativas de Asturias -que eran 781 al término
del primer trimestre de este año y que emplean a unas 6.000
personas- se regían hasta ahora por la legislación estatal.
Con la nueva Ley de Cooperativas asturiana, de 208 artículos, se
establece la exigencia de un capital social mínimo y se abre la
posibilidad de contratar con terceros no socios, según el proyecto
de ley que el Gobierno regional llevó al Parlamento hace un año y
medio, tras intentos fallidos anteriores y con el consenso del
sector.
El proyecto de ley ha sido modificado con varias enmiendas del PP
que fueron transadas con PSOE e IU-BA-LV, las cuales han recibido
hoy un voto a favor unánime.
En cambio, la mayor parte de los diputados del PP (cuatro de
ellos no, según se descifra del resultado de la votación) han votado
en contra de la mayor parte del texto, la que no había sido
enmendada, que de todas formas ha sido aprobada.
En el debate, el diputado del PSOE Constantino Fernández ha
considerado que el PP en algunas de sus enmiendas, referidas a que
las sociedades cuenten con una sección de crédito, trataba de
beneficiar a una cooperativa en detrimento del resto.
Esta acusación ha soliviantado a la diputada del PP Ana
Barrientos, que ha afirmado que su Grupo siempre busca con las leyes
el interés general.
Tras la aprobación de la Ley de Cooperativas, el segundo debate
de la jornada parlamentaria ha estado dedicado a la financiación
autonómica, y en él Alejandra Cuétara (PP) y Álvaro Álvarez (PSOE)
han reeditado los diferentes puntos de vista que tienen para la
contención del déficit público.
El portavoz de IU-BA-LV, Jesús Iglesias, ha defendido las subidas
de impuestos cuando la fiscalidad media es siete puntos porcentuales
por debajo de la media de la de la Unión Europea.
"Los recursos del Fondo de Compensación Interterritorial -le ha
dicho Iglesias a Cuétara- no salen del bosque como los champiñones".
Por eso pide Iglesias incrementos en la progresividad fiscal,
para que el Fondo de Compensación aumente.
Ante un comentario de Cuétara acerca de que los diputados de las
bancadas del PSOE e IU cuenten con participaciones accionariales en
empresas, Iglesias le ha contestado que él, por su parte, sólo tiene
dos o tres del Sporting de Gijón.
Un quinto debate de la sesión parlamentaria -había un sexto
previsto sobre las cuotas de pesca de merluza pero ha sido aplazado-
ha versado sobre la petición del PP de que se incremente la
protección de los monumentos del patrimonio cultural.
A esa moción se han opuesto los otros dos grupos, porque, en
palabras del diputado que representa al Bloque por Asturies (BA),
Roberto Colunga, "los recursos en cultura dan para lo que dan".
Al margen del Pleno, hoy se ha reunido también la Mesa
parlamentaria, debido a que el PP solicitó que fuera revocado su
sentido del voto acerca de la bajada salarial para los trabajadores
de la Junta General.
Cuando se votó, el PP y el PSOE votaron a favor, mientras que
IU-BA-LV en contra.
La Mesa ha rechazado la petición de revocación del PP, con los
votos mayoritarios de María Jesús Álvarez y Servanda García (PSOE) y
Diana Camafeito (IU-BA-LV).
Han motivado su decisión en un informe del Letrado Mayor de la
Junta que indica que cuando el PP votó a favor dispuso de toda la
información precisa para conocer el alcance de su decisión.
Asimismo, según el Letrado Mayor, no cabe tampoco la revocación
puesto que supondría una exención para esos funcionarios, dado que
la decisión se tomaba en función de una norma estatal y cabría
atentar contra el principio de igualdad respecto a sus homólogos de
otras comunidades. EFE
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