Oviedo, 9 nov (EFE).- El vocal territorial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para Asturias Manuel Almenar ha señalado hoy que Oviedo debería unificar sus juzgados en el plazo de dos años para poder poner en marcha la nueva oficina judicial, que posiblemente pueda estar operativa en la nueva sede de Gijón antes de septiembre de 2012.
"Si queremos implantar la nueva oficina y que se pueda hablar de una justicia más ágil y de más calidad no se puede mantener la actual indefinición de las sedes judiciales de Oviedo", ha subrayado Almenar .
Almenar ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse con los presidentes del Principado, Francisco Álvarez-Cascos, y del Tribunal Superior de Justicia, Ignacio Vidau, encuentro previo al que ha mantenido también con los magistrados de la Sala de Gobierno de este órgano judicial.
El vocal del CGPJ ha señalado que debe mantenerse como algo provisional que alguna sede judicial de la capital asturiana se preste desde bajos o viviendas y que debe procederse a la unificación de sedes porque sin ese paso no se puede implantar la nueva oficina judicial, modelo que agrupa a los distintos órganos judiciales para prestarles una serie de servicios comunes.
No obstante, ha advertido de que el CGPJ es sensible a la crisis actual, pero que el Principado también ha asumido la necesidad de asumir medidas a corto y medio plazo para buscar nuevos espacios para órganos judiciales.
Almenar ha reconocido que en este nuevo modelo se han apreciado algunas disfunciones allí donde se ha puesto ya en marcha, como en el caso de Murcia o Burgos, y que por eso el CGPJ va a revisarlo antes de continuar con su implantación en todo el país.
Su revisión conllevará entre dos o tres meses por lo que, previsiblemente, el CGPJ no procederá a plantear modificaciones antes de la primavera de 2012.
Ante esta situación, el vocal del CGPJ ha advertido hoy de que la puesta en marcha del nuevo edificio judicial de Gijón se retrasará hasta que esté claro el camino por el que se va a optar para corregir los problemas de coordinación y burocracia excesiva que se están dando en los servicios comunes de tramitación en las nuevas oficinas judiciales.
Sobre este punto, Vidau ha matizado que no supondrá un retraso sobre las previsiones de puesta en marcha de la nueva sede judicial gijonesa que, en su opinión, podría abrir antes de septiembre del próximo año.
En la reunión con Cascos, los representantes de la administración de Justicia han abordado también la necesidad de modificar las demarcaciones judiciales fijadas en 1988 por otras en las que la seguridad jurídica y los costes estén equilibrados.
Sobre esta cuestión, Almenar ha señalado que crear un juzgado cuesta al año entre 300.000 y 380.000 euros, un coste que es "insostenible" en un país que tiene menos jueces por cada cien mil habitantes que en el resto de Europa, pero que tiene una ratio de funcionarios en la administración de justicia por encima de la media.
