El Comercio

Oviedo, 29 nov (EFE).- La Fiscalía solicita una pena individual de tres años y seis meses de prisión para cada uno de los dos acusados por un accidente laboral con un fallecido en una obra realizada en Avilés en el año 2012.

La vista oral está señalada para mañana en el Juzgado de lo Penal número 2 de Avilés, a las 10:00 horas, según ha informado hoy la Fiscalía del Principado de Asturias.

Según la Fiscalía, uno de los acusados es gerente, propietario, representante legal y máximo responsable de una constructora, perteneciente a un grupo empresarial, promotor de una obra de construcción de un edificio de 78 viviendas, garaje y trasteros en Avilés.

Para realizar tareas de carpintería metálica, acristalamiento y colocación de paneles de composite, el gerente contrató a una empresa auxiliar.

En su calidad de gerente, el acusado había contratado con la empresa auxiliar la realización de las obras, para lo cual los trabajadores emplearon una plataforma elevadora automotriz pero no contrató, por escrito, la utilización del equipo de trabajo de la misma, aunque sí existió un pacto oral entre las empresas.

A efectos formales y con la única finalidad de cumplir con la normativa, se realizó, el 15 de febrero de 2012, un anexo al Plan de Seguridad y Salud, aprobado por el coordinador de Seguridad y Salud, el también acusado, un arquitecto técnico, director facultativo de la empresa promotora de la obra.

En el anexo se preveía la utilización de la plataforma elevadora automotriz para la realización de la unidad de obra y acabados, sin que se realizaran las comprobaciones oportunas del estado de la máquina, que hubieran permitido detectar un posible fallo en la misma, concretamente, en el inclinómetro, ni se hicieran inspecciones diarias, a pesar de tenerse conocimiento de que la máquina se arrancaba mediante un puenteo de los cables de encendido.

Asimismo, pese a que el Plan de Seguridad y Salud, tras la modificación efectuada en febrero de 2012, preveía expresamente la utilización de la plataforma elevadora y, concretamente, valoraba el riesgo de volcado, no se tuvo en cuenta el emplazamiento de la máquina que, por sus dimensiones, no cabía en la zona urbanizada y tampoco se comprobó o inspeccionó la ubicación concreta de la misma.

El 7 de mayo de 2012, la obra se encontraba en fase de remates en los pescantes del edificio, concretamente en pintado y, para realizar estos trabajos, había que elevarse a una altura de 20 metros, por lo que se usaba la plataforma.

En esta situación se encontraban el encargado de la obra de la empresa y el trabajador, que era el encargado de encender la máquina y asistía a encargado desde la terraza del ático, mientras que este último trabajaba desde la plataforma.

Así estuvieron trabajando hasta que el encargado se vio incapaz de completar la tarea sobre un último gancho porque no alcanzaba, por lo que se bajó de la plataforma al nivel del suelo para trasladarla, tarea que dejó en suspenso.

Sobre las 11:15 horas el trabajador decidió trasladar el elevador y la plataforma pisó con dos de sus ruedas terreno blando y no compactado, provocando que la máquina volcara y el trabajador saliera despedido y falleciera.

Los trabajadores no disponían de equipos de seguridad individuales.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia grave del Código Penal y de otro contra los derechos de los trabajadores.

Además de la pena de cárcel, solicita que los acusados indemnicen, de forma conjunta y solidaria, a la madre del fallecido con 112.388,18 euros, más los intereses legales.