El Comercio

Oviedo, 30 nov (EFE).- El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, ha rechazado hoy la Unidad de Anticorrupción que promueve Podemos al "solapar" sus competencias con la Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción que prevé el anteproyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno del Gobierno regional.

Martínez, que ha participado esta mañana en la Junta General en el último bloque de comparecencias informativas sobre la proposición de ley de Unidad Anticorrupción, ha afirmado que esta propuesta que presenta Podemos tiene "debilidades" en su tramitación y "deja muchos flancos abierto que no soluciona".

El portavoz del Gobierno ha antepuesto la idoneidad de la oficina que promueve el Ejecutivo a la Unida de Anticorrupción de Podemos que, a su juicio, se planteó en dos ocasiones en época electoral, buscando interés partidista para "introducir un elemento de discusión en la campaña".

"Ha diferencia a lo que hacen otros grupos políticos, el Consejo de Gobierno reclama la confianza en los instrumentos instituciones públicas", ha subrayado Martínez, que ha criticado a Podemos por poner en duda la "limpieza" del Ejecutivo ante cualquier caso de corrupción.

Ha recalcado que el Gobierno regional mantiene "una defensa cerrada del buen hacer y la honradez de los empleados públicos que, ante un supuesto deliro lo denuncian y no guardan silencio".

El consejero ha preguntado a Podemos que "cuándo van a comprometerse con algo, cuándo can a superar esta fase de intentar sembrar la desconfianza y el desconcierto".

Por su parte, la consejera de Hacienda y del Sector Público, Dolores Carcedo, ha asegurado que el Gobierno asturiano pretende dotar y reforzar los órganos de control y que establecerá un régimen jurídico y una norma de contratación única para todo el sector público.

Martínez ha pedido el apoyo en la tramitación de la ley de Transparencia y Buen Gobierno que incluye un canal ético de denuncia ciudadana sobre presuntas conductas irregulares o incumplimientos normativos.

En el turno de fijación de posiciones, el diputado de Podemos Daniel Ripa ha afirmado que la ley de Transparencia del Gobierno regional "lleva cuatro años paralizada hasta que ha quedado obsoleta".

En cambio, ha apostado por la Unida de Corrupción que promueve su partido, para el que ha pedido el apoyo de los comparecientes con la presentación de enmiendas para mejorar el borrador presentado ante la Junta.

Por su parte, el diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons ha criticado la "inacción" del Gobierno asturiano ante la corrupción y, en vez de crear nuevas oficinas, ha apostado por dotar a los actuales organismos de control de mayor presupuesto y autonomía.

El diputado de IU Gaspar Llamazares ha rechazado que la ley de Buen Gobierno que propone el Ejecutivo sea incompatible con la Unidad de Anticorrupción y ha apostado por que esta oficina sea un órgano "independiente, eficaz y ágil", mientras que la diputada de Ciudadanos Diana Sánchez ha alertado del peligro que puede suponer las denuncias falsas.

Por último, el funcionario Cristobal Manuel Carrero Roa ha denunciado el temor a las represalias por parte de sus jefes que tienen los funcionarios de la Administración asturiana a la hora de denunciar posibles casos de corrupción.