El Comercio

Oviedo, 30 nov (EFE).- Los ayuntamientos de Mieres, Langreo, Valdés y Siero han sido los únicos de los 78 concejos asturianos que han renunciado a participar en la nueva convocatoria de planes locales de empleo por la inseguridad jurídica que genera para los consistorios la contratación de trabajadores para dichos programas.

El problema se generó con las reiteradas sentencias de los tribunales que obligaban a los ayuntamientos a readmitir a los trabajadores contratados o a indemnizarlos por cuantías que han supuesto un coste cercano a los diez millones de euros para los concejos afectados.

En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de Empleo, Industria y Turismo, Francisco Blanco, ha admitido la existencia de "problemas" para llevar a cabo la convocatoria de este año ante la imposibilidad del Principado de modificar la vigente normativa laboral, competencia del Estado.

Esta circunstancia impide desde hace varios años que dichos contratos se realicen bajo la modalidad "de inserción laboral" y se tengan que hacer bajo la de "obra y servicio" lo que dio lugar a las reclamaciones de los trabajadores.

Según Blanco, el Gobierno ha negociado con la Federación de Concejos, la patronal y los sindicatos fórmulas para modificar la convocatoria dentro de los márgenes legales existentes en el marco jurídico en el que debe moverse la administración autonómica.

"Estamos a disposición de los ayuntamientos que son los que deben decidir si quieren aprovecharse de esa convocatoria o no en beneficio de los desempleados", ha apuntado Blanco tras incidir en que, en algún caso, los ayuntamientos que no concurrirán han alegado razones no sólo de inseguridad jurídica sino "ideológicas".