El Comercio

Oviedo, 21 abr (EFE).- El grupo de Podemos en la Junta General del Principado ha sacado hoy adelante, con la única oposición del PSOE, parte de una proposición no de ley en la que se plantea al Gobierno regional que facilite de forma periódica datos sobre el fraude fiscal y laboral, la economía sumergida y los efectivos destinados a combatir el fraude.

Asimismo pide que las directrices del plan de control tributario anual que lleva a cabo el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado se trasladen al Parlamento, al igual que la evaluación del mismo y la memoria del organismo.

No obstante, las catorce medidas que Podemos planteaba para que el Gobierno asturiano las plantease ante el Ejecutivo central no han salido adelante porque sólo fueron respaldas íntegramente por IU y Ciudadanos ya que el PP y Foro han advertido de que no entraban dentro de las competencias de la comunidad autónoma.

Entre otras medidas se pretendía instar al Estado a que se coordinase con otras administraciones tributarias para el control de las grandes fortunas, que se aumentasen los recursos de inspección fiscal o se revisasen los instrumentos financieros que sirven para defrauda, o para que se cambiasen distintas leyes.

Según el diputado de Podemos Enrique López, el fraude fiscal se ha convertido en una auténtica sangría que supone unos 59.500 millones de euros en el conjunto del Estado, el equivalente al gasto sanitario de todo el país.

En el caso de Asturias, López ha cifrado en 2.000 millones el fraude fiscal, la mitad de los recursos con los que cuenta el Principado en su presupuesto anual.

Ante esta situación, Podemos considera que el Consejo de Gobierno debe adoptar actuaciones en coordinación con otras administraciones para atajar el fraude fiscal.

Para el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, la propuesta planteada por Podemos, a la que la coalición incorporó siete enmiendas, era totalmente oportuna.

Desde Ciudadanos, Luis Armando Fernández Bartolomé, ha dado su apoyo a la iniciativa porque "el fraude fiscal en España es una vergüenza nacional desde hace 30 años" y porque luchar contra esta lacra "es esencial para la supervivencia de la democracia".

La popular Emma Ramos ha incidido en que el PP también considera que hay que reforzar la inspección y reforzar la conciencia fiscal, pero que no puede apoyar las medidas que quiere forzar Podemos que son de competencia estatal.

El diputado de Foro, Pedro Leal, también ha dicho que es un exceso porque las catorce medidas propuestas por Podemos son intervencionistas y parten de premisas erróneas porque dicen que hay un fraude generalizado y que no hay mecanismos para frenarlo.

La socialista Margarita Vega, por su parte, ha calificado la iniciativa de oportunista y carente de toda efectividad ya que, entre otras cuestiones, reclaman informes que saben que no existen y tratan de hacer creer que no funciona ningún servicio público y que el fraude y la corrupción es algo desmoralizante.

La parlamentaria socialista ha insistido en que también pueden estar de acuerdo con algunos cambios que reclaman, pero que son de competencia estatal por lo que ésta no es la vía para conseguirlos, que debe ser a través de los representantes en el Congreso.