El Comercio

Oviedo, 19 jun (EFE).- La proposición de ley sobre procedimientos de emergencia ciudadana propuesta por Podemos para reducir los plazos para la percepción de ayudas ha cosechado hoy las críticas del Gobierno y del resto de grupos con representación parlamentaria, que han puesto en duda su constitucionalidad y oportunidad.

El pleno de la Junta acordó, con el apoyo del PP, Foro e IU, tomar en consideración el texto presentado por Podemos, el mismo que tramitó la formación morada en todas las comunidades autónomas y que, por el momento, ha sido aprobada en Valencia y Murcia.

El texto ha sido objeto hoy de debate en la comisión de Presidencia y Participación Ciudadana de la Junta General, donde comparecieron los consejeros de Presidencia, Guillermo Martínez, y de Hacienda, Dolores, Carcedo, mientras que justificó su ausencia la de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela.

Esta comisión parlamentaria es la encargada de elaborar un dictamen para que sea votado de nuevo en pleno de la Junta y, en caso de superar ese trámite, que la norma adquiera rango de ley.

La proposición plantea declarar como procedimientos de emergencia ciudadana aquellas prestaciones que garanticen la integridad física y psicológica de las personas de forma que se conviertan en una prioridad presupuestaria y de tesorería así como en la urgencia de los plazos y en la dotación de recursos humanos y materiales.

No obstante, Martínez ya ha adelantado que se trata de una iniciativa redundante, que no aporta soluciones nuevas a las familias en situación o riesgo de vulnerabilidad, que pone en riesgo la calidad de las prestaciones que reciben los ciudadanos y que puede vulnerar la normativa estatal y ser inconstitucional.

"Es una iniciativa meramente procedimental que sólo persigue modificar los plazos para tramitar las ayudas, pero que condiciona la legislación básica estatal, atenta contra la autonomía de organización del Gobierno y podría poner en riesgo programas sociales prioritarios y ser inconstitucional", ha subrayado.

Martínez ha criticado también que Podemos haya presentado el mismo texto en Asturias y en Murcia sin tener en cuenta lo que se ha hecho en una y otra comunidad o que "juegue con las personas en situación de vulnerabilidad" con este tipo de propuestas, a la vez que demuestran que no quieren resolver su situación al no comprometerse con los presupuestos regionales.

La diputada socialista Nuria Devesa ha coincido con la posición del Gobierno al señalar que Podemos "manipula y juega" con las expectativas de las personas al presentar iniciativas "que carecen de propuestas y añaden dificultades legales y competenciales" a la tramitación de ayudas que, además, pueden ser inconstitucionales.

En su opinión, con esta iniciativa no aportan ninguna novedad y "sólo quieren interferir en la acción de gobierno y generar falsas expectativas entre los ciudadanos más desfavorecidos".

Desde el PP, Matías Rodríguez Feito ha reconocido que no son admisibles ciertas demoras en la tramitación de ayudas y que la gestión del salario social deja mucho que desear, pero que quizás fuese suficiente con reorganizar y mejorar la gestión de las ayudas "sin tener que legislar más aún".

Para la diputada de Ciduadanos Diana Sánchez, hay dudas jurídicas sobre un proyecto que quiere regular plazos que ya están regulados por otras leyes y que son a las que hay que dar cumplimiento, en vez de hacer una norma nueva que además de redundante podría incluso dificultar aún más lo que ya hay.

En términos similares se ha expresado el portavoz de Foro, Pedro Leal, para quien el texto no deja de ser "un totum revolutum sobre servicios sociales" de competencia estatal, autonómica y local que puede llevar a una colisión de competencias y a ser declarado inconstitucional además de crear falsas expectativas.

Desde IU, Marta Pulgar ha advertido de que el Gobierno regional debería aprobar una Ley de Garantía de Derechos Vitales Básicos para abordar y consolidar las prestaciones sociales que se dan en Asturias y abordar la problemática derivada de ellas de forma integral.

Rosa Espiño, de Podemos, ha recordado hoy que una mayoría de partidos posibilitó hace poco más de un año que se tramitase esta proposición, formaciones a las que ha pedido que presenten enmiendas para mejorar la propuesta.

"Les pido que no se queden solo en el no por el no porque con esto se puede aportar eficiencia ala gestión, como se ha hecho en Valencia y Murcia", ha señalado la diputada de Podemos.