El Comercio

Oviedo, 19 jun (EFE).- Los sindicatos UGT, Suatea y Anpe han mostrado hoy su rechazo a la iniciativa de la Consejería de Educación de contar el próximo curso con la colaboración voluntaria de docentes jubilados en tareas propias de la administración de los centros educativos o de los Centros de Profesorado y Recursos (CPR).

Según la Consejería, se trata de una medida "a coste cero" de la que ya existe precedente en otras comunidades autónomas como Aragón y, pese a no a haber marco jurídico que lo regule, ya hay muchos profesores que están colaborando con los centros no como docentes sino en actividades puntuales y complementarias.

En un comunicado, FETE-UGT señala que, a la espera de la resolución que regule esta medida, no niega la experiencia y el talento de los docentes que hasta la finalización de este curso han estado cumpliendo profesionalmente con sus cometidos "pero lo criticable es que se pretenda seguir contando con ellos gratis".

El sindicato incide en que cualquier tarea que se realice podría ser desempeñada por otro trabajador al que sí habría que pagar y subraya que, después de haber perpetrado "los recortes más brutales en Educación jamás conocidos", se plantea ahora esta ocurrencia que desde del Sector de la Enseñanza de UGT rechazan "totalmente".

Para Suatea, es positivo que la administración considere un valor la experiencia, el talento y el potencial de los docentes pero pide que también se tenga en cuenta para los interinos "que llevan muchos años desempeñando estas funciones y aprovechar su experiencia".

A su juicio, la única manera de entender esta propuesta es que la alternativa que da la Consejería a la situación de los docentes "es la nula inversión en personal y pretender a coste cero que la cosa mejore con la colaboración desinteresada de los excompañeros".

Por su parte, ANPE ha considerado que la propuesta puede ser "bienintencionada", pero supone utilizar mano de obra "barata" para realizar tareas "no lectivas" y no "agraviar" a quienes tienen que seguir dando clase con lo que los agraviados serían los conserjes o el personal de administración del Principado de los centros.