El Comercio

Oviedo, 20 jun (EFE).- El consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola, ha asegurado hoy que Asturias tiene una de las normativas de revisión y mantenimiento de ascensores "más estrictas" del país, "si no la que más", al contar con un decreto que entró en vigor este año que profundiza en la legislación básica estatal.

Pola ha respondido así a una pregunta formulada por la diputada regional de Podemos Lorena Gil en la Comisión de Industria de la Junta General.

El consejero ha afirmado que el Principado, que cuenta con unos 28.000 ascensores, tiene un "nivel superior de exigencia" que el resto del país.

Pola ha apuntado que la norma estatal introdujo "algunos elementos de liberalización" que no eran compartidos por el Gobierno del Principado y que por ello trató de subsanar con un decreto propio.

El consejero ha admitido que no es posible la imposición de unos recursos humanos mínimos por empresa, pero sí la fijación de prescripciones técnicas adicionales y la reducción de los plazos de mantenimiento.

En Asturias, ha apuntado, es obligatorio un registro de todas las verificaciones que permite seguir una "trazabilidad" sobre el mantenimiento de los ascensores.

Además, ha resaltado, el Principado es la única comunidad autónoma que tiene regulado que la empresa mantenedora debe paralizar el ascensor si la inspección periódica no está realizada dentro del plazo establecido.

La parlamentaria de Podemos ha expresado las "reservas" de su grupo sobre la normativa autonómica y ha puesto en valor otras como la del País Vasco, que a su juicio son un modelo a seguir porque, entre otros aspectos, impide las subcontrataciones de servicios.

Gil, quien ha recordado que en los últimos meses se han producido accidentes en varios puntos de España, "algunos de ellos fatales", ha subrayado que en la nueva norma se ha eliminado el ratio de 75 ascensores por técnico y mes, cuando los ascensores modernos tienen más elementos a revisar, lo que ha generado una mayor "precariedad laboral".

Además, ha advertido, la desaparición de algunos requisitos para la creación de nuevas empresas ha supuesto la aparición de "marcas blancas" controladas por grandes corporaciones con la oferta de "tarifas planas que no ofrecen garantías de seguridad".