El Comercio

Oviedo, 13 nov (EFE).- El Defensor del Pueblo ha requerido a la Consejería de Hacienda y Sector Público del Principado que apruebe de forma inmediata el instrumento legal pertinente para convocar los concursos de méritos para la provisión de los puestos de trabajo en la administración autonómica.

Además, según figura en una respuesta trasladada al Conceyu por Otra Función Pública n'Asturies ante la queja planteada por este colectivo, el Defensor del Pueblo insta al Gobierno asturiano a agilizar "todo lo posible" el desarrollo de la ley de función pública y organización administrativa aprobada en 2014.

Según el Conceyu, de esta forma el Defensor del Pueblo rechaza las explicaciones ofrecidas por la Consejería "para mantener una situación manifiestamente ilegal que afecta a centenares de puestos de trabajo.

En su queja, este colectivo señalaba que transcurridos ya cuatro años desde la suspensión cautelar de los nombramientos por libre designación ordenada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) "no se ha convocado, ni resuelto válidamente, ningún concurso de méritos".

De esa forma, según Conceyu, todos los puestos que antes eran de libre designación "se nombran discrecionalmente desde entonces, por el sistema excepcional de la comisión de servicios, previsto para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad".

Buena parte de esos nombramientos en comisión de servicios, asegura el colectivo de funcionarios, "son radicalmente ilegales al superar el plazo máximo legal de duración que no puede exceder de dos años".

De esta forma, según Conceyu, hay más de 250 nombramientos provisionales en puestos de jefatura de servicio o coordinadores que superan ese plazo y hay al menos otros 476 puestos de jefatura de sección, cuya convocatoria fue anulada por el TSJA en noviembre de 2014, que también se encuentran ocupados en precario pues el Gobierno "aún no ha encontrado tiempo para repetir la convocatoria".