El Comercio

Oviedo, 14 ene (EFE).- El alcalde de Aller, David Moreno, se enfrentará mañana, lunes, a una pena de diez años de inhabilitación especial en empleo o cargo público como presunto autor de un delito continuado de prevaricación, delito del que también está acusado su antecesor en el cargo, Gabriel Pérez Villalta, por la concesión de subvenciones a una entidad deportiva.

Moreno sigue al frente de la Alcaldía con el apoyo de cinco concejales no adscritos que, al igual que él, abandonaron el PSOE el pasado mes de abril después de que el partido exigiese la dimisión del regidor para cumplir con el código ético de los socialistas.

La vista oral por este caso se celebrará en el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo, al que han sido citados para declarar distintos concejales del Ayuntamiento allerano durante los años en los que se repartieron las subvenciones que son objeto de litigio.

El alcalde allerano siempre ha mantenido que actuó "conforme a la legalidad", que espera que quede aclarado en el juicio y que, en cualquier caso, no es ningún caso de corrupción.

La denuncia contra Moreno y Villalta se formalizó a raíz de que desde el Partido Popular se advirtiese de que se estaban dando subvenciones de forma irregular y sin llevar a cabo las pertinentes convocatorias públicas.

Según mantiene el Ministerio Público, la Asociación para la Enseñanza y Promoción del Deporte en Aller, constituida en diciembre de 1995 y con sede en el polideportivo de Sotiello, empezó a recibir dos meses después por acuerdo de Villalta una subvención de 330.312 pesetas (1.985 euros) para atender a gastos de constitución y desarrollo de actividades deportivas durante el mes de enero.

Cinco años después el Ayuntamiento formalizó un convenio con dicha asociación para subvencionar el desarrollo por parte de ésta de actividades deportivas en el concejo de Aller, un convenio que se prorrogó después hasta noviembre de 1997 sin que conste después ninguna nueva prórroga del acuerdo, según la Fiscalía.

Para el Ministerio Público, desde marzo de 2005 y hasta junio de 2011 ambos acusados dictaron resoluciones mensualmente concediendo subvenciones a la asociación "a sabiendas del carácter injusto y arbitrario de esa concesión" dado que no se cumplían los requisitos legales y fueron advertidos de ellos a través de los continuos reparos planteados por la Secretaría e Intervención.

En este sentido, el escrito de la Fiscalía señala que no se efectuó ninguna convocatoria pública para la concesión de la subvención, por lo que no se respetaban los principios de publicidad y concurrencia competitiva de la Ley General de Subvenciones ni se siguió el procedimiento previsto en dicha normativa.

Dicha subvención, añade, no se ajustaba a ningún convenio vigente ni se acreditaba por la asociación el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, entre ellos el de no estar incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario y justificante de estar al corriente del pago de tributos.

Según la Fiscalía, de esta forma no resultaba posible garantizar el control eficaz de los fondos concedidos como subvención y la "pretendida" justificación del gasto no aportaba facturas de los profesionales que habrían prestado sus servicios ni contratos laborales, ni nóminas, ni justificantes de retenciones del IRPF.

Así, incide en que esas justificaciones se limitaban a un escrito, firmado por el presidente y el tesorero de la entidad, con los nombres y las firmas de las personas que habrían realizado funciones de monitor que ni siquiera incluía su NIF.