El Comercio

Oviedo, 14 feb (EFE).- El Gobierno asturiano considera que la posibilidad de llevar a cabo una quita en la deuda de las comunidades autónomas de cara al proceso de reforma de su financiación supondría "una penalización" para aquellas que han llevado a cabo "una política más responsable" en los últimos años.

Según ha señalado en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno del Principado su portavoz, Guillermo Martínez, Asturias se opondría a una medida "indiscriminada" en este sentido como ya expresó en sus alegaciones al documento elaborado por los expertos que analizaron la situación de la financiación autonómica.

El Ejecutivo asturiano sí sería partidario de acometer una reestructuración de la deuda que debería ser analizada en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que, según ha recordado el consejero asturiano, no se reúne desde junio de 2017.

El Principado ha solicitado una reunión de este órgano para abordar también la retención de las entregas a cuenta por parte del Gobierno central -116 millones en el caso de Asturias- derivada de la vigente prórroga de los Presupuestos Generales del Estado.

Martínez ha insistido en el criterio expresado por la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, de que la actual prórroga de las cuentas estatales suponen "un castigo" para las comunidades autónomas y para los ayuntamientos y que resulta "especialmente dañina" para Asturias al no haber conseguido aprobar su presupuesto.

"El Gobierno aplica la retención sin presentar si quiera un proyecto y España está en prórroga porque lo ha decidido el Gobierno no por que el Parlamento haya rechazado sus presupuestos", ha apuntado antes de señalar que el Principado "sigue trabajando" en las leyes de crédito que remitirá a la Junta General para disponer de recursos que compensen el efecto de la prórroga presupuestaria.

En relación con este asunto, fuentes del Ministerio de Hacienda han señalado hoy que el Gobierno no descarta el escenario de que los Presupuestos Generales del Estado de 2017 puedan prorrogarse hasta 2019, aunque han garantizado que, si no hay presupuestos antes, se abonarán las entregas a cuenta para la financiación de las Comunidades Autónomas de 2018 a partir de abril.