El Comercio

Oviedo, 14 feb (EFE).- La exjefa de servicio de la Consejería de Educación acusada de un delito de prevaricación por haber ocultado el fraccionamiento de dos contratos menores adjudicados a la misma empresa ha declarado hoy que el servicio de contratación dio el visto bueno a ambas operaciones y que ninguno de sus técnicos le advirtió de una posible irregularidad.

Según el escrito de calificación provisional de la Fiscalía, en noviembre de 2013 la entonces jefa de servicio de Formación del Profesorado y Apoyo a la Innovación Educativa solicitó la oferta de un contrato menor para la creación de una "Nueva Aplicación de Registro de Formación del Profesorado", con un presupuesto máximo de licitación de 17.999,99 euros, y que fue adjudicada a la empresa Treelogic Telemática.

En la misma fecha que el primer contrato, la acusada solicitó oferta de otro contrato menor, denominado "Servicio Electrónico para la Descarga de Certificados de formación", con un importe total de 12.000 euros, que tenía por objeto la creación de un servicio electrónico para descargar un certificado válido y legal de formación, y que fue adjudicado a la misma empresa.

Las solicitudes se hicieron el mismo día y se fijó el mismo plazo de presentación de ofertas y finalización de trabajos y, pese a ello, se enviaron a la Secretaria General Técnica con la tramitación en fechas distintas.

En el juicio celebrado hoy en el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo, la acusada, R.M.G.B., ha explicado que la petición de dos contratos separados se debe a que inicialmente sólo se iba a contratar la primera aplicación, y que en el caso de la segunda iba a "parchearse" la que se utilizaba por aquel momento, aunque posteriormente se decidió contratar una nueva para dicho servicio.

Respecto a la diferencia de fechas en la tramitación, ha subrayado que hubo un retraso en la segunda aplicación porque faltaba el documento de aprobación presupuestaria obligatorio para su tramitación, ya que no había fondos para hacer frente a ambos proyectos y tuvo que pedir un permiso especial para agregar fondos y hacer frente al gasto.

R.M.G.B. ha insistido en que en ningún momento creyó que estaba incurriendo en una ilegalidad, y que ninguno de sus servicios técnicos, de contratación o de asesoramiento legal le advirtió de ello.

Además, ha resaltado que ambas aplicaciones son totalmente independientes, ya que tienen distintas funcionalidades, público y URL, y tan sólo "beben de la misma base de datos", algo que ocurre en muchas aplicaciones informáticas.

Sin embargo, el instructor del expediente disciplinario de la Consejería de Educación, ha manifestado que envió el expediente a la Fiscalía tras analizar ambos contratos y advertir indicios de prevaricación, ya que consideró que había una relación de dependencia entre ambas, y el hecho de que se hubiesen tramitado con veinte días de diferencia a pesar de haber sido solicitadas y presentadas en la misma fecha le hizo pensar que se trataba de ocultar un fraccionamiento.

También ha incidido en que comprobó que se habían realizado los pagos a la empresa por el desarrollo de ambas aplicaciones antes de que estuviesen finalizadas, ya que la acusada conformó las facturas para el cobro de los servicios pese a que en esa fecha ninguno estaba ejecutado.

Algo en lo que ha coincidido la secretaria general técnica de la Consejería de Educación, que ha declarado que ambas aplicaciones eran "dependientes funcionalmente" y que se constató que se había realizado un pago por éstas cuando no estaban aún disponibles, como señalaba el contrato.

En este sentido, la acusada ha explicado que pagó los trabajos porque consideraba que las aplicaciones "estaban creadas", ya que recibió un correo de la empresa con un enlace y un pdf en el que le anunciaban que estaba el proyecto desarrollado y que solo faltaba "sacarlo al público".

R.M.G.B. ha reconocido que es posible que se haya "equivocado", ya que no tiene conocimientos avanzados de informática, y ha hecho hincapié en que si le sucediese hoy sería "mucho más inflexible", aunque ha asegurado que siempre creyó actuar conforme a la legalidad.

No obstante, la responsable de desarrollar el proyecto de la empresa Treelogic ha reconocido que en el correo la empresa apuntó que había realizado un cambio en la página web, a la que adjuntó un enlace, y que el pdf incluía el proyecto a desarrollar, pero ha afirmado que "no estaba finalizado en aquella época" y que podía llegar a esa conclusión cualquier persona sin conocimientos informáticos.

La Fiscalía ve un delito de prevaricación, al entender que la acusada trató de ocultar el fraccionamiento de dos contratos menores adjudicados a la misma empresa, y solicita ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público.