El Comercio

Oviedo, 15 feb (EFE).- El Gobierno regional buscará la fórmula "menos lesiva, pero cumpliendo la normativa", para que los ayuntamientos afronten la devolución de los 3,2 millones de euros recibidos en subvenciones para los planes municipales de empleo de 2014 y 2015 planteado por el Fondo Social Europeo.

Así lo ha señalado hoy el consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola, en sus respuestas en el pleno de la Junta General del Principado a varias preguntas formuladas por IU y PP en relación a la gestión tanto de los planes de empleo locales como del programa Actívate, destinado a parados de larga duración.

Pola ha recordado que la exigencia de devolución de estas ayudas procede de la denuncia presentada por dos trabajadores acogidos al plan de empleo del Ayuntamiento de Valdés ante la unidad administrativa del Fondo Social Europeo, que abrió un procedimiento de verificación del cumplimiento de los objetivos de las ayudas.

El turno de alegaciones a la decisión del organismo comunitario ha finalizado y ahora se está valorando cómo continúa un procedimiento que el Gobierno regional pretende resolver de la forma "menos lesiva para las necesidades e intereses de los ayuntamientos", ha apuntado el titular de Empleo.

Pola, que ha incidido en que la normativa estatal que regula estos planes "quizás no sea la más adecuada" como constatante además las sentencias de los juzgados de lo laboral, ha recordado que en el periodo analizado los programas locales de empleo beneficiaron a 77 ayuntamientos que recibieron ayudas por 9,8 millones y que "algunos sí lo hicieron bien y no tuvieron ningún problema".

Por su parte, la diputada del PP Gloria García ha acusado al Principado de haber gestionado "mal" dichos planes y que ahora quienes tengan que pagarlo sean los ayuntamientos, críticas en las que ha coincidido con su compañero Pedro de Rueda en relación con el desarrollo del programa Actívate en su última convocatoria.

Según De Rueda, el hecho de que se desestimaran 49 propuestas de 23 ayuntamientos mientras que se aprobaron treinta de otros dieciocho provocará que los beneficiarios de esos cursos "se queden en casa y pierdan su oportunidad" y que los fondos se pierdan aunque el Gobierno garantice que se aplicarán a otras políticas de empleo.

El parlamentario popular ha recordado que las bases estatales que marcan las condiciones fijadas para optar a las ayudas no han tenido estas consecuencias en otras comunidades como Galicia donde, ha asegurado, se aprobaron la totalidad de los proyectos presentados.

Según el consejero, los proyectos que fueron rechazados no cumplían con la necesaria acreditación previa de los centros donde se iban a realizar las actividades formativas pese a que a comienzos de 2017 los requisitos fueron notificados por el Principado a la Federación Asturiana de Concejos que, meses después, admitió de las dificultades de algunos ayuntamientos para cumplirlos.

Las condiciones fijadas por el Estado para los locales donde se impartiría la formación (tamaño, accesibilidad, etc), ha subrayado Pola, son obligatorias "y difícilmente flexibilizables" y, de cara a la próxima convocatoria, se constituirá una mesa con ayuntamientos y agentes sociales para intentar evitar que esta situación se repita.

Dicha mesa, según el diputado de IU Ovidio Zapico, "llega tarde" y debería haberse constituido antes de que se resolviese la anterior convocatoria de unos fondos destinados a unos ayuntamientos que asumen una competencia que no les es propia.

Zapico ha lamentado la actitud "inmovilista y resignada" del Gobierno regional en materia de políticas activas de empleo aunque le ha reclamado que tome la iniciativa dado que, a su juicio, aún queda tiempo para revertir esta situación en lo que queda de legislatura.