El Comercio

Oviedo, 15 feb (EFE).- El Servicio Público de Empleo (SEPEPA) no tenía capacidad ni medios para verificar si la documentación facilitada por UGT para justificar las subvenciones recibidas para formación entre 2010 y 2014 era falsa, según ha señalado hoy el consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola.

Así, la administración se limitaba a verificar que se habían realizado las actividades de formación, que el último informe presentado por la Guardia Civil al juzgado que instruye la causa contra el sindicato reconoce que se llevaron a cabo aunque apunta a una presunta falsedad en la documentación aportada.

La determinación de si los documentos estaban falsificados corresponde a la investigación penal y no a la administrativa, ha señalado el consejero, que ha recordado que el Principado revocó subvenciones para formación a UGT durante el periodo investigado por importe de 347.000 euros y se personó como acusación particular.

Según Pola, los procedimientos de verificación realizados por el Principado son los recogidos en la convocatoria y en las leyes de subvenciones y de formación y son suficientes para constatar en el ámbito administrativo el cumplimiento de las condiciones en que se concedieron las ayudas "y si no se cumple, se revocan".

Durante el periodo investigado la subvención total recibida por UGT y por su fundación Ifes se elevó a 1,5 millones de euros de los que 347.000, más los intereses de demora, han sido reclamados para su devolución por el Principado aunque ese proceso está suspendido a la espera de que se resuelva el proceso penal, ha señalado Pola en su respuesta en el pleno de la Junta a una pregunta de Podemos.

En su réplica, el secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa, se ha preguntado cómo puede ser que un fraude "tan evidente" pasara por delante "de los ojos de todos ustedes sin que nadie viera nada" y ha cuestionado si esta circunstancia está relacionada con el hecho de que muchos altos cargos del Gobierno procedan de UGT.

"Es indigno que en el periodo de mayor crisis económica hubiese subvenciones para formación, igualdad o prevención de riesgos laborales y que se dedicara a otros fines", ha señalado Ripa tras emplazar al Gobierno a adoptar "una actuación decidida" en el ejercicio de la acusación particular en dicha causa.

El dirigente de Podemos ha criticado la falta de transparencia de un sindicato que recibe subvenciones públicas y que cuando la Guardia Civil inició su investigación se encontrara con que toda la existente en formato digital estaba "dañada o desaparecida" y con que se habían borrado numerosos correos electrónicos.

El documento remitido al juzgado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cifra en 1,35 millones el presunto fraude cometido durante cinco años (2010-2014) al destinar parte de las subvenciones para formación a otros fines como el pago de nóminas.

El informe mantiene que el presunto fraude procede en casi 850.000 euros de la propia UGT-Asturias mientras otros 504.000 euros estarían vinculados a la fundación IFES lo que supone unos 43.000 euros más de los que se habían calculado inicialmente.

Entre la documentación que maneja la UCO tras el registro que efectuó a la sede central de UGT de Asturias en enero de 2017 se encuentran recibos de seguridad y vigilancia de la sede central del sindicato en Asturias, así como una serie de discos duros dañados.

La investigación, que se inició tras una denuncia de la Fiscalía en 2015, llevó a la detención del ex secretario general de UGT, Justo Rodríguez Braga y cinco trabajadores más del sindicato durante veinticuatro horas tras el registro realizado para requisar documentación relacionada con el caso.