El Comercio
Anuario 2016

Visto para sentencia el 'caso Renedo', la primera gran trama de corrupción asturiana

Iglesias Riopedre, sentado ante Otero y Renedo, en el banquillo de los acusados.

Iglesias Riopedre, sentado ante Otero y Renedo, en el banquillo de los acusados. / Damián Arienza

  • La Audiencia Provincial emitirá su decisión en las próximas semanas. La tardanza en auditar lo sucedido en Educación impide pasar página

En enero de 2011 el Principado perdió la inocencia. Tras ver con distancia los casos de corrupción del levante, resultó que aquí también anidaba una trama, y que los jueces se atrevían a mandar a prisión a todo un exconsejero como José Luis Iglesias Riopedre. El impacto fue grande, duradero y, elecciones al margen, requería de un juicio catártico.

Estaba previsto que la Audiencia Provincial pusiera el escenario, pero semanas antes hubo un cambio de guión. El Principado remitió al juzgado una auditoría que apuntaba a que Educación pagó cientos de sillas, pupitres y ordenadores que no aparecen en los colegios e institutos de entrega. El supuesto fraude afectaría a 87 centros, y solo en los ejercicio 2009 y primer semestre de 2010, se cuantifica en más de cuatro millones.

El juicio arrancó en abril y la auditoría torció su curso. Al comenzar la fiscal Carmen Rodríguez recordó que el Principado «se personó en mayo de 2010, tuvo conocimiento de cuál era el objetivo de este procedimiento y que existían irregularidades en Educación y no hizo nada ni en ese momento ni se lo pidió a los jueces desde entonces». Depurar ahora las irregularidades de los colegios dejaba indefensos a los acusados, solicitó.

Los magistrados asumieron el criterio, y dejaron fuera del proceso el dictamen de los colegios.¿Quedará en nada? De momento la fiscalía averigua la solidez de la auditoría y qué hechos han prescrito. Su decisión amenaza con abrir un ‘caso Renedo bis’.

El original, ya se ha dicho, comenzó en abril, con trece señalados en el banquillo de los acusados. Iglesias Riopedre, 77 años, comunistas antes que socialista, asiste impertérrito. Alegará que todos los contratos de Educación los llevaba su número 2, María Jesús Otero, que Igrafo y APSA ya eran empresas importantes antes de que él llegar al cargo. ¿Se cometieron delitos en su departamento? El veterano político revelará su desconcierto: «El mundo educativo es muy reivindicativo y en 22 años nadie se me quejó de esto». Como única venialidad, el exconsejero reconoció haber pedido «trabajo para mi hijo a conocidos, pero nunca les di nada a cambio».

Marta Renedo, la funcionaria cuyos manejos pusieron a los agentes sobre la pista, es la que más indicios acumula en su contra, y trató de espantarlos con un relato que la situaba como víctima de un complot. En sus consejerías «se intentaba dar apariencia de legalidad a procedimientos que no lo eran», había «cantidades ingentes de facturas falsas», sus problemas comenzaron cuando su jefe le pidió que pusiera su empresa particular al servicio de una financiación irregular y se negó.

Los primeros compases del juicio abundaron en el sobresalto, pero a lo largo de cuatro meses, las explicaciones de 140 testigos, peritos y agentes convocados recompusieron el relato. Fueron 90 horas de drama, en las que Azucena V. recordó cómo la funcionaria la persiguió suplicándole que no la denunciara. «Por Dios, por mis hijos, pero no pensó que yo también tenía hijos». Los deudos de Severina Blanco recordaron cómo la anciana murió sin saber quién la había suplantado la identidad para abrir una cuenta llena de dinero. «Para mi Otero era Dios; si me hubiera dicho que fuera saltando a la pata coja, habría alucinado pero lo habría hecho», detalló un trabajador de APSA.

Las últimas sesiones, como un espejo, fueron para darle al magnetofón y escuchar a los cinco principales acusados, tal y como se hablaban en 2010. Eran respetados o anónimos y no sabían hasta qué punto iban a acabar siendo reos de aquellas palabras dichas en la intimidad.

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