Renedo, la funcionaria que hizo temblar a las consejerías
La investigación de sus peticiones a las empresas desencadenó la mayor investigación judicial por corrupción en la Administración asturiana
M. G. / Oviedo
El 9 de junio de 2009 una mujer que se identificó como hija de María Severina B. B., de 97 años, se presentó en la comisaría de Oviedo para denunciar que la Agencia Tributaria reclamaba a su madre el pago de impuestos por una empresa que no tenía. Severina, que vivía en Avilés, estaba inválida y ni siquiera tenía tarjeta de crédito. La policía realizó indagaciones, pero el caso fue archivado por falta de pruebas. Casi un año más tarde Azuzena V. F. acudía a la comisaría de Gijón y relataba una historia extraordinariamente parecida. Hacienda le exige que incluya en su declaración el pago de 134.359,07 euros que ha recibido del Principado. Poco después, una trabajadora de la Administración regional, Marta Renedo, se pone en contacto con ella y le explica que todo se debe a un error. Le cuenta que la factura se hizo a su nombre para una empresa que quebró, pero que ha sido absorbida por otra que se pondrá en contacto con ella para darle una solución satisfactoria. Azuzena no entiende las explicaciones que le ofrece la funcionaria. Y menos cuando una delegada del fisco le advierte de que tampoco ha declarado una cuenta que tiene abierta en una entidad bancaria. El director de la sucursal no solo le confirma que existe una cuenta con su nombre, sino que está tratando el asunto con una funcionaria llamada Marta Renedo.
Azuzena decide entonces acudir a la Policía con su abogada, que presenta una denuncia detallada en la que reclama que se investigue a Marta Renedo y lleva a su clienta a declarar ante la Brigada de Delitos Económicos. Los agentes empiezan a indagar y pronto solicitan a la juez a la que correspondió la investigación, Ana López Pandiella, que pinche el teléfono de la sospechosa. Los agentes no dan crédito a lo que empiezan a oír. El hilo les conduce a un entramado de empresas que facturan al Princiado y con el que Renedo podría haber estafado más de millón y medio de euros. Los agentes sospechan que también pueden haber colaborado dos empresarios, el director general de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz, y de Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez. Los investigadores creen que han pagado para recibir a cambio contratos de la Administración. Pero la mayor sorpresa de los investigadores llega cuando amplían las escuchas a los teléfonos de estos empresarios. Atónitos, repasan las grabaciones en las que parece hablarse con claridad de pagos y favores a altos cargos de la Administración a cambio de
contratos millonarios. "Una ingeniería no está para atender al 'fíu' del consejero sino para ganar dinero, eso se lo puedo decir al consejero pero con María Jesús tengo que ser muy transparente, yo a María Jesús decirle que a nosotros nos quedan 120.000€ para repartir, con dos cojones María Jesús estamos para ganar de dinero, esto lo ha hecho esta gente con su trabajo y lo hay que pagar".¿Qué consejero? ¿Quién es María Jesús? Los investigadores dejan estas preguntas recogidas en el sumario.
El lunes 24 de enero de 2011 los agentes ya habían contestado a todas estas preguntas. En una misma tarde llevaron detenidos a comisaría a Marta Renedo, los dos empresarios, María Jesús Otero, exdirectora general de Planificación y Centros de la Consejería de Educación, y al exoconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, quien había dejado el cargo apenas seis meses antes alegando problemas de salud. A todos se les imputan los delitos de cohecho y tráfico de influencias. Los empresarios quedan en libertad bajo fianza. El juez envía a la funcionaria y los ex altos cargos del Principado a la cárcel.
Las detenciones producen un terremoto en la Administración regional, a la que la jueza comienza a pedir miles de documentos. Y llega el escándalo político. La oposición pide que el Gobierno comparezca en la Junta General para dar explicaciones, pero el Ejecutivo argumenta que la investigación todavía está en marcha y nada puede desvelarse. Mientras, los defensores planteaban sucesivos recursos contra la investigación e incluso solicitaron el cambio de juez. El Poder Judicial les dio la razón en esto último y la investigación paso a manos de Ángel Sorando, que continuó con las pesquisas. El 29 de abril, el magistrado levanta parcialmente el secreto de sumario. Muchas de las pruebas se hacen públicas y el escándalo se hace entonces mayúsculo. Afirmaciones del todavía consejero de Educación como "vosotros pedís precios y Ernesto tendrá que ajustarse" y de los empresarios como "una ingeniería no está para atender al fíu del consejero, sino para ganar dinero" llevaron a la Policía a concluir que las empresas estaban contratando a Ernesto Iglesias, hijo del entonces consejero, a cambio de recibir contratos de la Administración. Riopedre siempre negó todas las acusaciones, pero permaneció en prisión hasta el 7 de marzo y tuvo que pagar cien mil euros de fianza que sus amigos reunieron a través de una plataforma. Otero tuvo que abonar el doble y no fue excarcelada hasta julio, cuando el juez consideró que con el cambio de gobierno ya no podía destruir pruebas. La última en abandonar la cárcel de Villabona fue Marta Renedo. La funcionaria cuya estafa desencadenó la mayor investigación contra la corrupción en la Administración asturiana dejó la cárcel el 8 de septiembre después de permanecer encarcelada 224 días. La Fiscalía aceptó los avales hipotecarios para la fianza de 200.000 euros impuesta por el juez. «Estoy bien y muy contenta», dijo a su salida. Pero la instrucción del caso previa al juicio ni siquiera ha concluido.
