Las ONG rechazan la nueva Ley de Servicios Sociales porque no frena las privatizaciones

«Cuando se trate de conciertos en materia de discapacidad, infancia y colectivos en riesgo de exclusión social, las administraciones darán prioridad a las entidades sin ánimo de lucro. Salvo que existan mejores condiciones de eficacia, calidad, rentabilidad social y se aprecien razones de interés público a favor de una entidad con ánimo de lucro».

Ese 'salvo' que la Consejería de Bienestar Social y Vivienda ha incorporado en el punto número 5 del artículo 44 de la Ley de Servicios Sociales del Principado ha destapado la caja de los truenos. Las ONG especializadas en atención a personas con discapacidad, en riesgo de exclusión o a menores creen que con él se «pone fin a la atención sin ánimo de lucro» a estos colectivos.

No sólo eso, ven que, directamente, se facilita la entrada de las empresas privadas para hacerse con las plazas para personas con discapacidad y para menores a los que tutela el Principado. De hecho temen las entidades del tercer sector que se «abre la puerta a que nuestros usuarios tengan que abandonar la que ha sido su casa durante décadas». Es decir, que actuales ocupantes del Sanatorio Marítimo pueden verse, por ejemplo, obligados dentro de dos años a trasladarse a otro centro «lejos de las personas con las que han convivido hasta ahora».

Así lo aseguraron a EL COMERCIO representantes de varias ONG tras conocer que el Consejo Asesor de Bienestar Social dio el pasado lunes luz verde al borrador de la reforma de la Ley de Servicios Sociales que ha elaborado el Principado. Tal y como adelantó este periódico, la Junta General instó, de forma unánime, al Gobierno regional a reformar la citada norma, para impedir la quiebra en 2016 de todas las entidades sociales.

Negocio con las tutelas

Una situación de emergencia que llega porque, en esa fecha, finalizan el acuerdo marco de concierto de plazas residenciales y de centros de día para personas con discapacidad y menores. Si el Principado no modifica su Ley de Servicios Sociales, al nuevo acuerdo marco podrían concursar, también, otras entidades privadas: aquellas con ánimo de lucro.

Para que la reforma se aprobara en esta legislatura, las entidades sociales, sobre todo las integrantes de la Plataforma del Tercer Sector con Centros y Servicios para la Discapacidad -Fundación Siloé, Don Orione, de la Asociación Rey Pelayo, Ascivitas, Una Ciudad para Todos, Apta y el Sanatorio Marítimo, que aglutinan 330 plazas residenciales y 660 de Centro de Apoyo a la Integración (CAI) concertadas- trabajaron conjuntamente con Foro, IU y UPyD en la presentación de una propuesta «que suponía la más avanzada Ley de Servicios Sociales del país».

Porque la reforma blindaba a las entidades del tercer sector, para impedir situaciones como la generada en el Fundoma, donde una empresa privada optó a gestionar la unidad de primera acogida para menores a los que tutela el Principado. Sin embargo, las entidades se vieron con la sorpresa de que «PSOE y PP impedían en el Pleno que se aprobara la propuesta que habíamos realizado». El argumento para el rechazo fue esperar por el borrador del Principado. El que ahora rechazan las ONG.