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Asturias presenta su octavo recurso ante el Constitucional, esta vez contra la libertad de horarios comerciales

El decreto obliga a diez ciudades españolas, entre ellas Oviedo y Gijón, a declarar parte de su territorio zonas de gran afluencia turística, en las cuales habrá libertad de horarios comerciales

EFE

Miércoles, 1 de octubre 2014, 14:44

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El Gobierno asturiano presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto-ley sobre libertad de horarios comerciales, que en Asturias afecta a los municipios de Oviedo y Gijón, el octavo que presenta en la actual legislatura contra otras tantas iniciativas del Ejecutivo central.

El decreto obliga a diez ciudades españolas a declarar parte de su territorio zonas de gran afluencia turística, en las cuales habrá libertad de horarios comerciales y los ayuntamientos disponen de seis meses para cumplir con esta exigencia y, de no hacerlo, la libertad de horarios se impondrá en todo su territorio.

Según ha señalado tras la reunión del Consejo de Gobierno el portavoz del Ejecutivo asturiano, Guillermo Martínez, esta normativa invade competencias autonómicas y choca con la política desarrollada por la Consejería de Economía y Empleo del Principado para proteger a los pequeños y medianos establecimientos comerciales.

Así, el informe elaborado por el Consejo Consultivo de la comunidad autónoma apunta que el decreto-ley invade competencias propias del Principado al agotar la capacidad regulatoria del Principado en los dos ayuntamientos con más habitantes de la comunidad.

Martínez ha advertido de la pérdida de empleo que generaría su aplicación en el comercio asturiano y ha calificado de "abusivo" el uso que el Gobierno central hace del decreto ley que, a su juicio, no está justificada en este caso la utilización de esta figura reservada a casos "de extraordinaria y urgente necesidad".

Según el portavoz del Principado, antes de aprobar la interposición del recurso, el Gobierno asturiano mantuvo encuentros con asociaciones de comerciantes y con representantes municipales de Oviedo y Gijón que coincidieron en señalar que esta normativa puede resultar lesiva para el desarrollo de la actividad comercial.

Este recurso ante el TC se sumará a los siete ya presentados por el Gobierno asturiano desde 2012 contra los recortes en educación y en sanidad, la reforma educativa, la Ley de Costas, la reforma local y otros dos en relación con el impuesto sobre depósitos bancarios.

Según el consejero de Presidencia del Gobierno regional, todos estos recursos "pudieron evitarse" si el Ejecutivo central optase por el diálogo con las comunidades autónomas "y respetase sus competencias" en lugar de "despreciarlas" amparado en una mayoría absoluta en el Congreso "que nadie cuestiona".

A su juicio, la mayoría absoluta de que disfruta el PP "no puede convertirse en imposición ni en una intransigencia absoluta" como la que reflejan "la prepotencia y soberbia" del Gobierno y, en particular, de ministros como los de Hacienda y Educación, que dan lugar, ha subrayado, "a una litigiosidad innecesaria".

Para Martínez, es el Gobierno central el que "provoca" estos conflictos pese a que el Principado, ha asegurado, hubiese preferido que estas cuestiones se solucionase "con diálogo, negociación, lealtad y respeto institucional".

En este sentido, ha lamentado que el Gobierno del PP "no deje otro camino" al Ejecutivo autonómico para defender sus intereses y ha recordado como ejemplo que, pese al rechazo del Principado a la reforma de las tasas judiciales, no planteó ningún recurso dado que se trataba de un elemento "de confrontación política" pero se trataba de un ámbito competencial de la administración central.

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