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José Ángel Fernández Villa se encara con un policía en junio de 2012, durante las movilizaciones en defensa de la minería.
Nueve meses de investigación de los 1,4 millones que Villa llevó a un banco en fajos para regularizar en la amnistía fiscal

Nueve meses de investigación de los 1,4 millones que Villa llevó a un banco en fajos para regularizar en la amnistía fiscal

La Agencia Tributaria dio la voz de alarma al sospechar el origen ilícito del dinero ya que superaba con mucho los posibles ingresos del sindicalista en función de sus cargos

Elcomercio. es / R. Muñiz

Jueves, 9 de octubre 2014, 15:20

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Nueve meses de investigaciones. Ese es el tiempo que lleva la Fiscalía Anticorrupción buscando el origen del dinero que el ex secretario general del SOMA, José Ángel Fernández Villa, presentó para su regularización.

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada confirmó ayer haber incoado hace algo más de seis meses unas diligencias de investigación sobre José Ángel Fernández Villa. El Ministerio Público adoptó la iniciativa después de que la Agencia Tributaria le diera la voz de alerta. En el fisco las alarmas saltaron después de que fuera el propio lider sindical quien se acogiera a la amnistía fiscal para regularizar una cantidad que ronda los 1,4 millones. Según publica hoy El Mundo, fue el propio Villa el que entregó posteriormente el dinero en una entidad bancaria en fajos.

La amnistía obligaba al interesado a presentar una «declaración especial» a la que se aseguraba un «carácter reservado». Fernández Villa tuvo que pagar en el proceso una penalización de aproximadamente el 10% del dinero defraudado hasta la fecha (lo que supone unos 140.000 euros) y asegurar que el patrimonio oculto lo obtuvo antes del último día de 2010. A cambio de esta confesión, producida a lo largo de 2012, la Agencia dependiente del Ministerio de Hacienda renunció a iniciar un proceso contra él por delito fiscal. Sin embargo el fisco se reserva el derecho de tomar otras acciones si intuye que el orígen del patrimonio ocultado reviste condiciones de delito. Y ha Hacienda no le cuadraban las cuentas. Según las primeras estimaciones, el ex líder del SOMA no podría haber ingresado más de medio millón de euros en los últimos años en función de sus cargos, además de la merma de los pagos que habría afrontado por las adquisiciones de algunas propiedades. Hasta 1,4 millones, quedaba bastante dinero.

El propio Fernández Villa rehusó ayer dar alguna explicación sobre los motivos que le llevaron a regularizar el dinero o su origen. Este periódico se puso en contacto con su esposa, quien explicó que el histórico lider minero «está enfermo y en la cama». Sobre el escándalo conocido agregó que «no tiene nada que decir».

La Agencia Tributaria, como queda dicho, mantuvo la potestad de decidir cuándo comunica a la fiscalía una amnistía fiscal en concreto y cuándo la sigue protegiendo con el «carácter reservado». En el caso de Fernández Villa, los técnicos de la Agencia Tributaria consideraron que la cantidad de 1,4 millones no era acorde con los emolumentos atribuidos al sindicalista por sus nóminas como secretario general de SOMA-UGT, senador y diputado regional. Las sospechas justificaron el informe que se remitió a la Fiscalía.

El Ministerio Público tiene la facultad de asumir como propias las diligencias de investigación, a condición de que en el momento en el que consiga indicios sólidos de delito ceda la causa al ámbito judicial para que sea un magistrado quien tutele la instrucción. El hecho de que la fiscalía mantenga vivo el asunto significa que todavía no ha logrado los indicios suficientes como para calibrar si procede el archivo o la querella.

Decisión antes de un año

El tiempo para tomar una decisión al respecto está tasado. Las diligencias de investigación se abren inicialmente por un plazo de seis meses, que pueden prorrogarse por otro periodo similar. «En casos muy extraordinarios, cabe alargar el proceso hasta el tope de un año y medio», matizan desde Fiscalía. Las pesquisas que tratan de aclarar el origen del patrimonio regularizado por Fernández Villa ya han sido objeto de una prórroga. En los casos relacionados con la amnistía fiscal, lo más habitual es que este tipo de demoras las active el fiscal debido a que está a la espera del resultado de alguna comisión rogatoria solicitada al país desde el que se habrían repatriado los fondos.

Anticorrupción lleva por tanto nueve meses detrás de la pista y deberá tomar una decisión antes de un año. En caso de que opte por presentar una denuncia o querella, lo haría en el lugar donde se cometió el supuesto delito o en la localidad de residencia de Fernández Villa. En este supuesto, la Fiscalía Especial que lidera Antonio Salinas, debería resolver si cede la iniciativa a algún miembro de la Fiscalía del Principado de Asturias o, por contra, nombra un fiscal delegado entre su propio equipo. Según la memoria del departamento, de las diez querellas interpuestas el pasado año, en 9 optó por conservar la competencia en el procedimiento.

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